La represión en Oaxaca, siguiente caso de la Corte
En caso de que este martes concluya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la discusión de la controversia constitucional relacionada con el Instituto Federal Electoral (IFE), los ministros discutirán la propuesta de su compañero Juan N. Silva Meza para que se investigue la presunta violación grave de garantías individuales ocurrida en Oaxaca a partir de mayo de 2006.
El proyecto de dictamen en el que se da respuesta a la petición hecha por el Congreso de la Unión para que la SCJN ejerza su facultad prevista en el artículo 97 constitucional e investigue los hechos ocurridos en la entidad que gobierna Ulises Ruiz, plantea que existen elementos suficientes que acreditan la presunta violación grave de garantías individuales, por parte de autoridades federales, estatales y municipales.
Se sabe que uno de los puntos a abordar en la discusión es el que tiene que ver con la acción concertada entre autoridades federales y estatales para remitir a los integrantes detenidos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) a diversos penales de la República, sin que eso estuviera legalmente justificado. Además, se espera que los ministros analicen la actuación de las autoridades federales y oaxaqueñas que reprimieron por la fuerza las protestas de organizaciones civiles en esa entidad.
Sin embargo, trascendió que no hay consenso entre los ministros sobre la conveniencia de que la Corte ejerza de nueva cuenta su facultad de investigación -actualmente tiene abiertos dos asuntos similares, uno es el caso de la periodista Lydia Cacho y el otro sobre los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, estado de México en mayo del año pasado-, por lo que se espera una amplia discusión sobre el tema.
Renuencia a investigar
Cabe mencionar que el pleno de ministros ha sido renuente a ejercer las facultades de investigación en casos de violaciones graves a las garantías individuales, en razón de que la Constitución sólo prevé que la SCJN redacte un informe sobre los hechos, pero sin que éste tenga efectos vinculatorios -como ocurrió con el caso Aguas Blancas-, por lo que el futuro del dictamen es impredecible.
En marzo pasado, la fracción parlamentaria del PRD presentó en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para que la Corte conforme una comisión especial que investigue "las graves violaciones a las garantías individuales" de la población en Oaxaca, donde la represión "prácticamente pulverizó el estado de derecho y cualquiera puede convertirse en una nueva víctima". El punto de acuerdo señalaba que: "ante la falta de soluciones a este grave conflicto, es necesaria la voluntad y la decisión de los ministros en un asunto que requiere de información veraz, investigación imparcial y autoridad moral para ser resuelto".
La petición se sustentó en el informe de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, el cual "ilustra con total crudeza y precisión lo que ocurrió en esa entidad, las numerosas irregularidades y abusos cometidos contra activistas y la población en general" por las fuerzas policiacas estatales y federales.