Gobernación ofrece una consulta pública sobre las nuevas normas para esos centros
ONG exigen que se ponga fin a los abusos en las estaciones migratorias
La Secretaría de Gobernación se comprometió ayer ante representantes de 10 organizaciones no gubernamentales a realizar una consulta respecto al proyecto de nuevas normas para las estaciones migratorias que operan en el país.
El compromiso gubernamental, de escuchar diversas voces, no constituye hasta el momento una garantía para desechar el reglamento con el que se pretenden reforzar las medidas de seguridad e imponer restricciones de acceso a esos centros a los activistas sociales, abogados y familiares de los indocumentados detenidos.
Tras un encuentro con funcionarios de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración (INM), defensores de derechos humanos informaron que será el próximo martes por la tarde cuando la dependencia presente -y someta a consideración- las nuevas Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias.
El proyecto en ciernes ha sido criticado por las organizaciones defensoras de las garantías individuales, porque incluye aspectos que legitiman "graves violaciones a los derechos humanos", como el acceso a la justicia, el derecho a la defensa, a la no discriminación y a la igualdad.
Los activistas consideran que tales normas -en los términos planteados en el anteproyecto que ha sido difundido por algunos medios de comunicación- conllevan actos arbitrarios y abusos de poder de la autoridad migratoria en contra de las personas extranjeras que son detenidas.
Las críticas anteriores fueron expuestas a funcionarios federales -verbalmente y por medio de un amplio documento- por integrantes de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Sin Fronteras, Todos los Derechos para Todos y Todas, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, entre otras.
Al término del encuentro, Edgar Cortés y Diana Martínez comentaron que el próximo martes se sabrá si la Secretaría de Gobernación está dispuesta a incluir las opiniones de la sociedad civil, porque hasta el momento, advirtieron, la disposición de las autoridades no se ha manifestado en acciones concretas de participación en la toma de decisiones.
En el país operan actualmente 48 estaciones migratorias, sitios a los que son trasladados los inmigrantes sin documentos, mayoritariamente los procedentes de países centroamericanos.
"Perfil de discriminación"
El plan original de la dependencia contempla aumentar considerablemente los requisitos para el ingreso de defensores de las garantías individuales, así como de ministros de culto y abogados. Además, "discrimina" a los detenidos de acuerdo con un perfil delineado por la propia autoridad migratoria.
Sin embargo, previo a la aprobación de las nuevas reglas, algunas medidas "arbitrarias" ya se aplican en las estaciones migratorias, en el contexto de la participación del INM en el Consejo de Seguridad Nacional, advirtieron.
Las organizaciones no gubenamentales realizaron una consulta ciudadana, de la que se derivan múltiples conclusiones, las cuales señalan que las estaciones migratorias no deben ser habilitadas con "rasgos de prisión", porque los indocumentados cometen faltas administrativas, no delitos penales.
Por ello, proponen cambios en el proceso legal en la materia; imparcialidad en los juicios; derecho a la defensa, información, traducción e interpretación; acceso a las autoridades consulares, así como áreas de alojamiento con los servicios básicos, incluidos servicios médicos y sanitarios, de los cuales carecen actualmente la mayoría de las estaciones.
"Hemos señalado nuestra preocupación porque algunas de las medidas propuestas señalan a los migrantes como individuos que están sujetos a un régimen carcelario; además establecen restricciones para organizaciones civiles, aun cuando los indocumentados se hallan en situación de vulnerabilidad ante los abusos en derechos humanos", advirtió Cortés al término del encuentro en el INM.
Los activistas confiaron en que la consulta pública prometida sea efectiva y real.