Unicamente beneficia a acaparadores y grandes compañías, señala la UNIMT
Anuncian industriales que no renovarán pacto para estabilizar precio de la tortilla
El convenio tiene al borde de la quiebra a más de 10 mil pequeños empresarios
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Según tortilleros, miles de expendedores están a punto de cerrar sus establecimientos, debido a que no pueden mantener el costo del kilogramo
Foto: Cristina Rodríguez
La Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillerías (UNIMT) no se sumará a la renovación del pacto para estabilizar el precio del alimento, ya que favorece a acaparadores y grandes empresarios, como Cargill, Maseca, Minsa y a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.
Lorenzo Mejía Morales, presidente de la UNIMT, advirtió que el costo de 8.50 pesos el kilo es insostenible, si la tonelada de maíz no se reduce a 2 mil o 2 mil 360 pesos. "El precio de 3 mil 500 por tonelada, que rigió en los primeros meses del año, fue inflado por intermediarios y grandes empresarios, y es a ellos a quienes favorece el gobierno federal, el cual debería elaborar un análisis profundo sobre los costos de producción de este último eslabón de la cadena maíz-tortilla, que sólo se lleva una ganancia de seis centavos por kilogramo".
Acompañado por Víctor Manuel Martínez, presidente de la Unión de Molinos y Tortillerías de Masa Nixtamalizada del Distrito Federal; Jesús Fonseca, presidente de la Coalición de Molinos y Tortillerías, y Arturo Solano, presidente de Grupos Unidos de Jalisco, el dirigente de la UNIMT sostuvo que el pacto tiene al borde de la quiebra a más de 10 mil pequeños empresarios y en la franja del desempleo a casi 50 mil jefes de familia, quienes abandonarán el negocio si se renueva el convenio. "La gran noticia que se dará al anunciar la continuación del pacto es que se bajará el precio de la tonelada de maíz a 3 mil 100 pesos, sin considerar que continuará distorsionándose el mercado".
Molesto por la "falta de voluntad política del gobierno" para analizar con seriedad los costos de producción de los diversos actores de la cadena maíz-tortilla, Mejía Morales informó que hoy, en los establecimientos, se preguntará a los consumidores cuánto pueden pagar por kilogramo del alimento, y los resultados "se los entregaremos al presidente Felipe Calderón en la firma del pacto, para que se entere de que los programas sacados de la manga no sirven y sólo provocan divisiones sociales y enfrentamientos".
Arturo Solano, de Grupos Unidos de Jalisco, afirmó que los industriales del sector no son responsables del "sobreprecio" del alimento, y advirtió que "ese eslabón de la cadena no aceptará precios controlados, porque no hay motivos para ello, y menos cuando los beneficios son para los grandes empresarios". Negó que los integrantes de la asociación hayan accedido a los cupos de importación de maíz. "Se los dieron a porcicultores y ganaderos, a nosotros nos ignoraron".
Ningún acuerdo funcionará si no se ponen candados en toda la cadena, para que todos los que la integran absorban parte de los costos. Además, hay que cerrar el paso a programas asistencialistas, que bajan por decreto el precio de la tortilla y se apoyan en grupos políticos que sólo buscan desplazar a molineros y tortillerías tradicionales.
El presidente de la Coalición de Molinos y Tortillerías, Jesús Fonseca, exigió al gobierno que ponga orden eliminando a los coyotes y controlando a los grandes acaparadores de maíz. Propuso que a molinos y tortillerías también se les otorguen subsidios o apoyos, como a productores y comercializadores. "No creemos que los costos de producción del grano se hayan elevado de 15 a 20 por ciento, ni que la tonelada cueste 3 mil 500 pesos".
Dirigentes campesinos del Congreso Agrario Permanente, Central Campesina Cardenista, Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina y Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo se pronunciaron en contra del pacto, "porque favorece a los oligopolios. En estos cuatro meses de vigencia no se ha hecho nada para frenarlos, y menos para eliminar sus prebendas".
La política del gobierno, abundaron, es errática y sus esquemas de subsidios sólo favorecen a los grandes productores. Los pequeños siguen peleando por un precio aceptable para el maíz, como en Sinaloa, donde se había anunciado un esquema de compra de 2 mil 500 pesos por tonelada, pero ahora se les pretende pagar 2 mil 100, mientras los apoyos para la comercialización se los están llevando Cargill y otras firmas.