Anuncia Evo Morales que reformará la ley de electricidad
Recupera el Estado boliviano el suministro de agua potable
La Paz, 4 de enero. El gobierno boliviano recuperó para el Estado el suministro de agua potable para las ciudades de La Paz y El Alto, al rescindir de mutuo consentimiento un contrato de concesión con una empresa de agua subsidiaria de la francesa Suez, y anunció que reformará la ley de electricidad para revertir a la nación una empresa privatizada en 1996 por compañías estadunidenses.
Así, empezó a operar la nueva Empresa Pública de Servicio de Agua y Saneamiento (EPSAS), que sustituye a la filial de la trasnacional francesa Suez Lyonnaise des Eaux, Aguas del Illimani (AISA), luego de que la víspera el presidente Evo Morales firmó en el palacio de gobierno el decreto que puso fin al contrato firmado en 1997 por 30 años.
Morales subrayó durante el acto, en el cual participaron dirigentes de movimientos sociales de El Alto, que "el tema del agua no puede ser de negocio privado". Destacó que "ahora hemos logrado una salida concertada y con eso aseguramos que no habrá expulsiones de empresas extranjeras en Bolivia".
Con la salida de AISA se cumple la demanda de la rebelión de los movimientos sociales de noviembre de 2004 y marzo de 2005, que entonces convocaron a huelgas con bloqueo de caminos exigiendo la expulsión de la trasnacional, debido a los altos cobros por conexión y altas tarifas, que estaban indexadas al dólar, así como incumplimiento en sus compromisos de inversión para la prestación del servicio.
Si informó que AISA recibió 5.5 millones de dólares "como reconocimiento a sus inversiones y no por indemnización" y que el Estado boliviano asume la deuda de 13.5 millones de dólares que dicha empresa tenía con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento.
El ministro de Agua, Abel Mamani, uno de los dirigentes de aquellos movimientos de protesta, de quien los movimientos sociales habían exigido la renuncia "ante la tardanza en la salida de AISA", informó que el directorio de la nueva empresa nacional liberará las tarifas del servicio y de conexiones de la indexación al dólar, pero se mantendrán sus montos actuales para sostener el servicio y financiar su expansión.
La primera guerra del agua librada en Bolivia se realizó en abril de 2000, cuando los movimientos sociales de Cochabamba lograron después de fuertes movilizaciones la salida de la filial de la trasnacional Bechtel, Aguas del Tunari, que tenía la concesión del servicio.
El viceministro de Electricidad, Jerjes Mercado, declaró que "en un futuro próximo vamos a contar con una empresa refundada, fortalecida y funcionando acorde al siglo XXI", al referirse a la pronta reestatización de la Empresa Nacional de Electricidad (Ende), fundada en 1962 y dividida en tres empresas para su privatización en 1996 cuando fue transferida a las estadunidenses Dominiun Energy, Energy Iniciatives y Constelation Energy.
La privatización de la electricidad entonces se hizo con un desembolso de 139.8 millones de dólares, y ahora el gobierno de Morales quiere refundar Ende con miras a exportar energía en el mediano plazo a países vecinos y obtener unos mil millones de dólares anuales.
Por otra parte, con dos falsas amenazas de bomba previas a la inauguración se inició esta mañana, a puerta cerrada en Cochabamba, la evaluación del primer año de gobierno de Morales, que concluirá mañana con una rueda de prensa en la que se darán a conocer sus conclusiones.
Pese a que varias organizaciones participantes en el cónclave dieron a conocer su exigencia de cesar a algunos ministros del gabinete de Morales, éste indicó que sólo cambiará a alguno de sus colaboradores si le prueban que el funcionario cometió algún acto de corrupción.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, advirtió a su vez que desde la prefectura de Cochabamba se estaban organizando grupos de choque para promover actos de violencia en la manifestación, convocada para esta tarde por la Central Obrera Departamental y otras organizaciones sociales, para pedir la renuncia del prefecto Manfred Reyes Villa por sus afanes "autonomistas y separatistas".