Se investigarán estafa y fraude contra directivos y dueño
Acepta la justicia española indagar caso Air Madrid
Madrid, 28 de diciembre. El caso Air Madrid se resolverá finalmente por la vía penal. El juez de la Audiencia Nacional española Juan del Olmo se declaró hoy "competente" para investigar los presuntos delitos de "estafa y fraude" perpetrados por los directivos y propietario, José Luis Carrillo, de la aerolínea de bajo costo. Sin embargo, éste no será el único proceso judicial sobre el conflicto, ya que se esperan nuevas querellas de carácter mercantil y otra más de tipo penal, que presentará en esta caso el propio gobierno español.
La crisis de Air Madrid provocó el caos en los aeropuertos españoles en los días previos a la navidad, ya que miles de personas afectadas por la "suspensión de actividades" de la compañía aérea sufrieron en carne propia la primera estafa masiva de una aerolínea de bajo costo en España.
El origen de la suspensión de actividades de la empresa fue su mala gestión empresarial, las deficiencias en el mantenimiento de su flota de aviones nueve-, las irregularidades en el mantenimiento de las aeronaves y la mala atención general a sus clientes, que sufrían de manera reiterada retrasos en los vuelos, cambios de ruta y un trato deficiente.
El cierre de la aerolínea afectó a unas 120 mil personas, algunas de ellas presentaron, de la mano de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), una querella criminal ante el citado órgano judicial, que se centra en la presunta "estafa" de los directivos de la empresa en sus operaciones de los primeros días de diciembre, cuando a pesar de saber que el cierre de la empresa era inminente, siguieron vendiendo billetes de avión por un monto de más de dos millones de euros.
Por estos hechos, el magistrado solicitó al Ministerio de Fomento una copia íntegra del expediente abierto a la compañía, además de instar a la policía española a la identificación del director de marketing, quien sería el último responsable de estas operaciones de compra-venta. Asimismo, solicitó a la Asociación de Agencias de Viajes un informe sobre el número de billetes vendidos en el periodo que va del 1 al 15 de diciembre, fecha en la que se declaró en "suspensión de actividades".
El magistrado solicita así que se "conserve cuanta información documental escrita o en soporte informático tenga con relación a los citados billetes e identificación de usuarios de los mismos, así como medio de pago usado por los adquirentes".
La OCU considera especialmente grave que Air Madrid haya suspendido sus actividades de forma súbita, sin un plan previo de contingencia y sin haberse hecho responsable de los daños causados a los viajeros, una vez que es la empresa en última instancia la que tenía la obligación legal de "recolocar" a los pasajeros y de asistirles en el periodo de espera. Sin embargo, al no hacer nada la empresa por los viajeros, el ministerio de Fomento español activó un plan de emergencia para el hospedaje, la alimentación y el traslado de unas 5 mil 600 personas, con un costo total de 6,5 millones de euros. Este dinero también será reclamado, a través de los tribunales, a los propietarios de Air Madrid.