Usted está aquí: miércoles 13 de diciembre de 2006 Política Reforzarán defensa legal de los derechos humanos

Promesa del Congreso a comisionado de la ONU

Reforzarán defensa legal de los derechos humanos

VICTOR BALLINAS

El Congreso de la Unión se comprometió ayer con el representante de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Amerigo Incalcaterra, a reformar la Constitución para establecer "de mejor manera el concepto de derechos humanos y realizar las modificaciones necesarias a las leyes secundarias para que en el país tengan plena vigencia las garantías reconocidas universalmente, así como los tratados y pactos internacionales en la materia".

Antes, Incalcaterra dijo a los presidentes de las mesas directivas de la Cámara de Diputados, el panista Jorge Zermeño Infante, y de Senadores, el priísta Manlio Fabio Beltrones, así como al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el panista Santiago Creel, que "la mera firma y ratificación de los tratados internacionales por parte del gobierno no es suficiente para hacer efectivos los derechos humanos en la vida diaria. Se requiere la labor legislativa para integrar en las leyes los estándares y normas internacionales para garantizar la más amplia protección a las personas".

Durante la firma de un convenio de colaboración entre el Congreso y la OACNUDH, acto en el que también estuvieron las presidentas de las comisiones de Derechos Humanos del Senado, la perredista Rosario Ibarra de Piedra, y de la Cámara de Diputados, Omeheira López, Incalcaterra dio a conocer que "se hará una reforma integral al capítulo primero de la Constitución mexicana, y se buscará el fortalecimiento de mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de protección a dichas garantías, además que se armonizarán las leyes secundarias conforme a la enmienda constitucional".

En el patio central del Senado, Incalcaterra aseveró que la OACNUDH ha confirmado que en México la pobreza, la discriminación y la impunidad generan diversos contextos de violaciones a los derechos humanos, al tratarse de fenómenos ampliamente extendidos en todos los ámbitos de la estructura de la sociedad mexicana; "cada autoridad adquiere obligaciones concretas que resultan indispensables para combatir esos fenómenos".

Con el convenio, apuntó, se adquiere el compromiso de legislar en la materia de acuerdo con el derecho internacional, en especial para los sectores más vulnerables a la pobreza, la impunidad y la discriminación, como mujeres, niños, adolescentes, migrantes, discapacitados, jornaleros agrícolas, adultos mayores, pueblos y comunidades indígenas, así como presos y enfermos de VIH-sida.

El funcionario recordó que, aunque el artículo 133 constitucional refiere que los tratados, pactos y convenciones internacionales en la materia ratificados por el Estado mexicano son ley suprema de toda la nación y forman parte del sistema jurídico del país, "la mera ratificación no es suficiente para garantizar esos derechos en la vida diaria. Se requiere que la labor legislativa integre a las normas nacionales los estándares y leyes mundiales para garantizar la más amplia protección a las garantías básicas".

México vive momentos de cambio, transición, subrayó Santiago Creel, y "tenemos que asegurarnos todos los mexicanos de esta generación que esos derechos esenciales tengan plena vigencia en todas sus manifestaciones". Por eso, continuó, tiene importancia dicho acuerdo de colaboración. Como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo, "haré todo lo posible porque podamos ir traduciendo la agenda pendiente de derechos humanos en realidades concretas".

En ese sentido, señaló, "tenemos una reforma pendiente, que no ha sido dictaminada para que nuestra Constitución hospede de mejor manera el concepto de derechos humanos, y a partir de ellos nuestra legislación secundaria sea objeto de una revisión y adecuación eficaz".

Por su parte, Rosario Ibarra de Piedra subrayó: "me siento contenta y feliz. Lo saben en la ONU, siempre hablo con la verdad. Y allá en Naciones Unidas, en Nueva York, cuando denunciábamos violaciones a los derechos humanos, el gobierno mexicano se encargaba de cabildear para decir que no pasaba nada en México. Aquí hubo muchas violaciones flagrantes a la Constitución, pues no se respetaron los tratados internacionales en derechos humanos. Hubo deficiencias enormes.

"Hoy da gusto que la ONU haya retomado los hilos de esa relación que nosotros consideramos muy importante. Fuimos anhelando, esperando que todos los problemas se resolvieran, que el gobierno mexicano recogiera los llamados que le hiciera Naciones Unidas, organismo esperanzador y poderoso. Nosotros también podemos enseñarles algunas cosas de la pena, del sufrimiento, del dolor de todo lo que hemos vivido. Podemos enseñarles algunas cosas".

 
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