Algunos maestros darán clases cuando salga la policía
Acuerdo entre Gobernación y la sección 22 muestra poco avance
El acuerdo firmado entre la Secretaría de Gobernación y el magisterio oaxaqueño mantenía, hasta ayer, un cumplimiento mínimo, particularmente ante los problemas para liberar los salarios atrasados de los 70 mil trabajadores de la educación, la escasa entrega de planteles y el regreso a clases parcial.
De acuerdo con cálculos de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sólo las escuelas ubicadas en la región Istmo reportan -"salvo excepciones"- reinicio de actividades al cien por ciento; Costa y Cañada, 50 por ciento; Sierra, 30 por ciento, y Valles Centrales, sin avance alguno.
Hasta el momento, la única relación entre el magisterio y Gobernación es mediante sus respectivos equipos jurídicos para analizar la cancelación de las órdenes de aprehensión giradas para integrantes de este gremio, cuyo número no ha sido precisado, pero el compromiso gubernamental en este sentido está plasmado en el punto uno de la minuta de acuerdos:
"En cuanto a las averiguaciones previas y las órdenes de aprehensión integradas y libradas del 22 de mayo a la fecha, se procederá al tratamiento conducente para su cancelación definitiva en los términos de ley", se precisa en el documento.
La directiva de la sección 22, encabezada por Enrique Rueda, regresó la noche del martes a la capital oaxaqueña, luego de haber permanecido en la ciudad de México cinco días.
El magisterio hizo un llamado de unidad a las diversas corrientes que integran este gremio, así como para el resto de los 88 grupos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), ante el impasse del diálogo con el gobierno.
Ezequiel Rosales, secretario de organización de la sección 22, explicó que se ha complicado el pago de salarios caídos debido a que no hay personal suficiente en el área administrativa encargada de elaborar y liberar los cheques, pero sobre todo por la situación que priva en la entidad: presencia de la Policía Federal Preventiva (PFP), que "ha causado mucha indignación" entre la sociedad; irregular servicio de bancos y traslado de valores. Además, porque se atraviesa el puente de Día de Muertos. "Son dificultades salvables, pero las cuales no se superan en un día".
Pese a que existe el compromiso, firmado por Rueda y el titular de Gobernación, Carlos Abascal, para regresar a las aulas desde el lunes pasado, "hay profesores que no van a dar clases hasta que se vaya la PFP", comentó el dirigente.
De igual forma, no existe comunicación ni trabajo operativo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), dependencia que -de acuerdo con la minuta, cuya copia tiene La Jornada- "coadyuvará provisionalmente en los asuntos educativos del estado a través de la figura de un facilitador" (Jorge Mario Olín Balderas, a quien la directiva magisterial sólo ha visto una vez).
La SEP -se detalla en el acuerdo- vigilará la adecuada aplicación de los recursos económicos al rubro educativo de Oaxaca y dará prioridad al subsidio a escuelas para iniciar en las mejores condiciones la prestación del servicio educativo, con una base de 140.1 millones de pesos.
El único punto que ha sido cubierto en tiempo y forma fue la liberación de tres de los cuatro presos vinculados a la APPO; sin embargo, persisten problemas para la entrega de planteles, en las garantías de seguridad para los profesores que determinen regresar a las aulas y en la disposición de recursos (5 millones de pesos) para los familiares de los deudos derivados del conflicto. Para hoy está programado el pago de 25 millones de pesos para la reparación de daños materiales causados en el intento de desalojo del 14 de junio.
Cabe señalar que el punto ocho de la minuta advierte que el incumplimiento de lo establecido, tanto por la sección 22 como por Gobernación, invalida el acuerdo, firmado a las ocho de la noche del pasado sábado 28 de octubre.