Usted está aquí: martes 31 de octubre de 2006 Política Condenan ONU y ONG uso de la fuerza y exigen investigación

Hay 19 desaparecidos, asegura grupo pro derechos

Condenan ONU y ONG uso de la fuerza y exigen investigación

ANGELICA ENCISO L. Y GABRIEL LEON

En rechazo al uso de la fuerza pública para desalojar a integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) del centro de esa ciudad, organizaciones de derechos humanos demandaron a las autoridades realizar una investigación sobre los hechos del domingo y determinar si la policía actuó con apego a derecho.

Ayer, distintas oficinas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y organizaciones no gubernamentales (ONG) lamentaron en distinto tenor los hechos violentos en Oaxaca, donde además de la muerte de tres personas y un reporte de 22 detenidos hay una relación de 19 personas desaparecidas, según dio a conocer la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos.

Se trata de Rosa Anastasia Martínez, Jesús Canseco García, Alberto Hernández Calvo, Mauro Arturo Mogozan García, Eusebio Mendoza Sabines, Javier Mateo Calderón, Mamerto García Magaña, Abdón Aguilar, Cenobio Girón Pablo, Raymundo Gómez Martínez, Juan Manuel Ortiz González, Alberto Miguel Guadalupe, Apolinar Noriega, Alejandro Alcántara González y Teodoro López Gutiérrez.

El Comité para la Protección de los Periodistas envió desde Nueva York, Estados Unidos, una carta al procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, en la cual lo insta a investigar a fondo el asesinato del comunicador estadunidense Bradley Will, ocurrido el viernes anterior.

En un comunicado, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó los sucesos y sostuvo que la violencia no se justifica.

La directora adjunta de la oficina, Nancy Robinson, llamó a los gobiernos estatal y municipales a tomar las medidas necesarias para distender la situación. Expresó que es necesario que las autoridades realicen una investigación independiente, pronta y eficaz, con el fin de detener y procesar a los responsables, tanto materiales como intelectuales, de los delitos cometidos.

Por su parte, el relator especial de la ONU para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, dijo haber recibido información de que durante el conflicto las violaciones a las garantías básicas han sido por detenciones arbitrarias, allanamientos de hogares, desapariciones forzadas y negación a procesos.

Expresó honda preocupación por el uso de la fuerza pública para la "supuesta solución" de problemas sociales de larga duración, y recomendó a las autoridades federales y estatales que se plieguen a los compromisos adquiridos en el ámbito internacional de respetar sin limitaciones las garantías básicas de las personas.

Se manifestó también por la investigación a fondo de los hechos y por que se someta a proceso judicial a los responsables. En el mismo tenor, Amnistía Internacional (AI) apremió a las autoridades a efectuar una pesquisa imparcial para llevar a los responsables ante la justicia.

En un comunicado, demandó a las autoridades federales garantizar que los agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) respeten los derechos humanos de los manifestantes. En relación con la muerte de al menos dos personas el domingo pasado, apremió a que se haga una investigación independiente para determinar si los agentes actuaron de acuerdo con sus obligaciones.

De igual forma, llamó a los organizadores de las protestas contra el gobernador Ulises Ruiz a "respetar el estado de derecho y evitar la utilización de cualquier método de protesta que ponga en riesgo la integridad física de otros manifestantes o transeúntes".

La Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio y la Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México manifestaron repudio al operativo. Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano, a contrapelo del apoyo que externó el cardenal Norberto Rivera, lamentó que en el conflicto oaxaqueño la administración de Vicente Fox haya tenido que recurrir a la fuerza pública para restablecer el orden, y destacó que la escalada de agresiones y muertes que han ocurrido en el estado "muestra que unos cuantos no quieren un cambio cualitativo" en el estado.

 
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