Son corresponsables del rotundo fracaso de Femospp; presentarán informe a la CIDH
Beneficiaron ex legisladores y jueces a culpables de la guerra sucia: ONG
Ante el "rotundo fracaso" de la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) -y en general del gobierno del presidente Vicente Fox- para esclarecer más de 500 desapariciones forzadas ocurridas durante la guerra sucia de los años 70 y 80, y debido a la "complicidad" de los poderes Judicial y Legislativo -"que abonaron" con el fin de que no se castigara a los responsables-, representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) elaboraron un informe sobre el tema que será presentado el próximo 23 de octubre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Integrantes de las ONG Comité 68, Todos los Derechos para Todos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Asociación de Familiares de Detenidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, Fundación Diego Lucero, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua e Hijos Nacidos en la Tempestad presentaron ayer a los medios de comunicación el informe Esclarecimiento y sanción a los delitos del pasado durante el sexenio 2000-2006: compromisos quebrantados y justicia aplazada.
En el documento criticaron los incumplimientos del gobierno foxista en esa materia, ya que, indicaron, la Femospp, que dirige Ignacio Carrillo Prieto, "quedó a deber" a los familiares de víctimas.
Destacaron que la culpa no sólo es del Poder Ejecutivo y de Carrillo Prieto, sino de los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial Federal a los que calificaron de "conservadores y con posturas regresivas", así como de los senadores y diputados de la anterior Legislatura, que hicieron reformas para "beneficiar a los represores".
Para la mayoría de representantes de las organizaciones civiles que elaboraron el informe, la coincidencia fundamental respecto al empeño de los luchadores sociales por que se esclarezcan los hechos delictivos del pasado radica en la necesidad de dar con el paradero de los cientos de desaparecidos, garantizar la reparación del daño a víctimas u ofendidos y, sobre todo, que se reconozca de manera oficial que en décadas pasadas se utilizó al Estado para reprimir a quienes disentían del régimen en turno.
La prueba de fuego, indicaron Raúl Alvarez Garín, del Comité 68, y Blanca Hernández, de la Fundación Diego Lucero, es el conflicto en Oaxaca, donde el Estado mexicano "está tentado a imponerse mediante la fuerza pública y la represión".
Exigen a Calderón ratificar a la Femospp
En las conclusiones y recomendaciones las ONG exigieron al próximo gobierno federal, que encabezará Felipe Calderón, que ratifique a la Femospp, pero que a la par ponga en marcha una comisión de esclarecimiento histórico sobre la guerra sucia.
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la red de organizaciones y representante de la ONG Todos los Derechos para Todos, indicó que es indispensable que durante el próximo gobierno se cree una comisión de la verdad "para coadyuvar con esta instancia (la Femospp), la cual sea de mandato limitado, temporal y materialmente, con una legislación propia, conformada luego de una consulta pública.
"Esto permitiría que se consolide la investigación iniciada y culmine con un informe oficial en el que se reconozca plenamente la responsabilidad del Estado en estos crímenes y se sienten las bases para que se conozca la verdad, se realice la petición de perdón público a las víctimas y sus familiares y se les repare el daño."
Luisa Pérez, representante del Centro Pro, consideró que el Legislativo no hizo las reformas legales suficientes para garantizar el reconocimiento a las víctimas. Por el contrario, abundó, se dedicó más a proteger -mediante reformas a modo, como la prisión preventiva domiciliaria y la derogación del delito de violación de garantías- a presuntos responsables, entre ellos Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno, ex titulares de la Dirección Federal de Seguridad.
Mario Solórzano, representante de la CMDPDH, aseveró que se debe aprovechar el trabajo realizado por la Femospp respecto a la investigación histórica y su posibilidad de castigar a los culpables, facultad que no tendría la comisión de esclarecimiento histórico.
El criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a que el delito de genocidio sí prescribe en México, fue uno de los puntos más criticados.
Mientras países como España o Argentina se han destacado por sus castigos a ex represores, debido a que los delitos de lesa humanidad no caducan, "aquí los ministros demostraron una postura regresiva y conservadora que está perpetuando la impunidad", destacó Solórzano.