Rehúsa la coalición hacer denuncias ante la Fepade
Aunque la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República es la única instancia que puede dictar sanciones por irregularidades detectadas en los comicios, la coalición Por el Bien de Todos anunció que no presentará más denuncias ante esa instancia, de la que desconfía.
En el periodo de campaña, la coalición presentó demandas penales por la presunta intervención del presidente Vicente Fox, así como de empresas privadas.
De acuerdo con integrantes de la coalición -la cual quedó diluida legalmente tras la declaratoria de presidente electo-, la Fepade no ha emitido información alguna respecto a las indagatorias.
Una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aceptó la existencia de irregularidades en torno a la participación del mandatario y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) -incluso la magistrada Alfonsina Berta Navarro señaló que la intervención del jefe del Ejecutivo puso en riesgo la elección-, cualquier instituto político o ciudadano puede promover demandas penales y quejas administrativas ante el Instituto Federal Electoral (IFE).
Así ocurrió en el pasado proceso, cuando ciudadanos presentaron denuncias que derivaron en el análisis y las sanciones por los casos Pemexgate y Amigos de Fox.
Sin embargo, la coalición -integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia- advirtió que no presentará más demandas ante la Fepade o el IFE porque no tiene confianza en las instituciones, particularmente las vinculadas a la organización y calificación del proceso electoral.
Topes de campaña
Además podría volver a tocarse el tema de la intervención de Fox o del CCE cuando el IFE resuelva en torno a los gastos de campaña y, eventualmente, sea señalada alguna irregularidad de Acción Nacional por violación a los topes.
Los partidos y coaliciones tienen de plazo hasta la próxima semana para entregar los documentos correspondientes a sus erogaciones, y el instituto, a su vez, debe hacer la revisión de esa información en un plazo no mayor de 120 días.
A pesar de que el TEPJF aceptó la existencia de irregularidades no tiene facultades para fijar sanciones -lo que corresponde a la fiscalía-, por lo que su trabajo en las próximas semanas se limitará a resolver 172 asuntos que se ubican actualmente en la etapa de "sustanciación", es decir, pendientes de resolver.
En ese caso se ubican algunos derivados de elecciones estatales, como las de Morelos (impugnada por la coalición en los órganos locales), Colima y Campeche, así como de comicios municipales.
También están por resolver casos de la defensa de derechos políticos electorales del ciudadano, que van desde impugnar la elección de gobernador hasta los procesos internos de partidos.
Cada uno de los siete magistrados del tribunal -quienes concluyen su periodo el 31 de octubre próximo- revisa, en promedio, 24 asuntos pendientes, todos ajenos ya al proceso que derivó en el otorgamiento de la constancia al panista Felipe Calderón.
Por ello se espera una nueva ronda de sesiones ordinarias del TEPJF a partir de la próxima semana.