Consejera de la CJF: atentan grupos delictivos contra autonomía del Poder Judicial
La protección a juzgadores, por las amenazas de narcos y maras
Pide a legisladores más presupuesto para la seguridad de los jueces
Además de cuidarse de los grupos del crimen organizado ligados al narcotráfico, que amedrentan y eliminan a quien intente obstaculizar su carrera delictiva, jueces y magistrados federales en materia penal también tienen que protegerse de la Mara Salvatrucha.
Fuentes de primer nivel del Poder Judicial Federal (PJF) revelaron que la región del sureste mexicano, en especial en Chiapas, los grupos delictivos representan un foco rojo para la labor de los juzgadores, ya que en esa zona las pandillas de los maras han amenazado de muerte a impartidores de justicia, con la finalidad de presionarlos para que concedan resoluciones favorables a cualquier procesado que tenga ligas con esos grupos del crimen organizado.
De acuerdo con la información obtenida, los jueces que han sido amedrentados por integrantes de la Mara Salvatrucha, tienen una sede localizada en el municipio de Cintalapa, Chiapas, donde también se ubica el penal de mediana seguridad El Amate.
Se trata de Ruperto Triana Martínez, titular del juzgado primero de distrito, y de Martín Rangel Cervantes, responsable del juzgado segundo de distrito, ambos en materia penal.
Los dos impartidores de justicia de Cintalapa, al igual que sus compañeros de la ciudad de Toluca, en el estado de México, ya cuentan con protección, las 24 horas del día, de efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Agencia Federal de Investigación (AFI). También utilizan vehículos blindados y tienen permiso para portar armas de fuego.
En tanto, la consejera de la Judicatura Federal, Elvia Díaz de León, reconoció que los grupos del crimen organizado representan un "peligro para la autonomía" del PJF, ya que las amenazas y atentados contra los impartidores de justicia "pretenden mermar la independencia y el que se trabaje apegado a los principios de legalidad con que debe conducirse cualquier juzgador".
Sin embargo, dijo que "las virtudes y cualidades que revisten a un juez deben sobreponerse a esos actos de intimidación, para no permitir que mermen el buen funcionamiento y la independencia de los jueces al resolver un litigio".
Entrevistada en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la consejera confirmó la información que dio a conocer La Jornada, el pasado 30 de agosto, en el sentido de que la decisión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de solicitar a la PFP que asignara cinco escoltas por cada juzgador, provocó inconformidad entre la mayoría de los impartidores de justicia.
-¿Cuál ha sido la respuesta de los juzgadores sobre la seguridad obligatoria?
-Para la mayoría de ellos, no es de su gusto; creo que esa es una respuesta muy clara de las virtudes que debe tener todo juzgador (valentía, autonomía e independencia de criterio), sobre todo cuando sabe que va a estar en lugares de esta naturaleza (juzgados localizados en lugares donde hay penales en los que se procesa a delincuentes ligados al narcotráfico); la inmensa mayoría de los jueces la aceptará (la protección personal) cuando realmente piense que es ineludible, pero ahora la mayoría piensa que sería mejor no tenerla.
Díaz de León refirió que una de las principales barreras a las que se enfrenta el CJF en materia de seguridad para los juzgadores es la falta de dinero suficiente, por lo que exhortó al Congreso de la Unión a no reducir el presupuesto que le solicitó el Poder Judicial al Poder Legislativo para el periodo 2006-2007.
"Cada juez debe tener una escolta de cinco personas para que puedan estarce rolando los descansos, así como auto blindado y todo eso va a costo del PJF", puntualizó la funcionaria.
Durante el 2006, el CJF gastará por lo menos 62 millones de pesos para pagar servicios de seguridad y vigilancia que le proporcionan más de 50 empresas privadas y corporaciones policiacas locales en todo el país a las instalaciones del PJF.
Tan sólo en el DF, la Policía Bancaria e Industrial cobrará 6.4 millones de pesos por vigilar los 11 inmuebles judiciales ubicados en la ciudad de México.
Sin embargo, esa inversión (62 millones) sólo es para el cuidado de las instalaciones de los más de 560 juzgados y tribunales federales que la Judicatura administra a escala nacional. El costo que implica la custodia personal de cada juez es un gasto adicional.