Ahondó la crisis que viven las instituciones, afirman
El TEPJF no soportó la presión política y económica: académicos
Con la decisión que asumió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es necesario replantearse si fue un "error" no haber incluido dentro de las competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la defensa de los derechos políticos y rescatar la "alta facultad jurídica que el Constituyente de 1917 otorgó al máximo tribunal para investigar graves violaciones al voto ciudadano", afirmaron especialistas en derecho constitucional de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Ramiro Bautista Rosas, constitucionalista y profesor de la unidad Azcapotzalco, señaló que se trata de un fallo "legal, pero ilegítimo", en el que los magistrados "no soportaron el enorme peso de los intereses políticos y económicos que apoyan a Felipe Calderón, y se subordinaron", con lo que se eliminó la posibilidad de alcanzar una sentencia que aun con una diferencia mínima de votos "hubiera permitido dar certidumbre a la elección".
Agregó que al reconocer "múltiples irregularidades en la elección, pero al mismo tiempo considerar que no fueron relevantes, el tribunal ahonda la crisis que viven las instituciones públicas, que han dejado de ser del Estado para convertirse en propiedad de unos cuantos".
En entrevista aparte, Angélica Miranda Juárez, catedrática del departamento de derecho de la UAM, señaló que la decisión de los siete magistrados no sólo quedó "muy corta en el uso de sus facultades al renunciar al derecho de llamar a especialistas en medios de comunicación y conocer el verdadero efecto de las campañas mediáticas en los electores, sino también fue corta en términos históricos para iniciar un proceso de reconciliación".
La especialista en derecho constitucional afirmó que el TEPJF fue "tibio" al no aplicar la facultad otorgada al presidente de este organismo para solicitar el apoyo de analistas que le hubieran permitido "allegarse la opinión de expertos en medios de comunicación y tener elementos de juicio para determinar si efectivamente las campañas mediáticas tuvieron un impacto en los electores o si se trató de hechos no relevantes".
Es evidente, indicó, que con este dictamen que cierra el proceso jurídico de la elección "no se esclarecieron ni atendieron las irregularidades denunciadas por la coalición Por el Bien de Todos, y a millones de mexicanos les tocará vivir con la duda sobre el resultado de la contienda electoral".
Por ello, insistió en que cabe preguntarnos como ciudadanos si este tribunal "nos dejó satisfechos, y si es necesario rescatar el mandato establecido en el artículo 97 de la Constitución, para que la SCJN ejerza la facultad de practicar de oficio una investigación ante hechos que puedan constituir una grave violación al voto".