Santa Adelaida Flores solicitó la deportación desde Canadá del líder sindical
Acusa Gómez Urrutia a juez de Sonora de encabezar su "persecución política"
En denuncia ante la PGR, alega una deficiente interpretación del tratado de extradición
Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero desconocido por las autoridades federales, interpuso ayer una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se investiguen las causas que llevaron a una juez en materia penal del estado de Sonora a solicitar su detención provisional y su extradición desde Canadá.
La oficina de prensa del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Me-xicana (SNTMMSRM) informó que la querella se interpuso en contra de la juez en materia penal de Hermosillo, Sonora, Santa Adelina Flores Montoya, quien presentó la solicitud contra el líder sindical.
La denuncia exige que se ejerza acción penal "contra quien resulte responsable", una vez que se haya realizado la investigación de los hechos que motivaron la demanda de detención provisional y posible extradición de Gómez Urrutia.
"Al solicitar la extradición del líder sindical, la juez aplicó la ley de manera retroactiva, violando la Constitución, además de que el tratado de extradición entre México y Canadá no se aplica para solicitar una detención provisional, mucho me-nos la extradición de un ciudadano mexicano para, supuestamente, cumplir una orden de aprehensión dictada en Sonora", señaló el SNTMMSRM.
El sindicato recordó que la Procuraduría General de Justicia de Sonora "negó" al depuesto líder minero el derecho de audiencia durante la averiguación previa, por lo que no pudo ofrecer pruebas de descargo para "demostrar que los hechos imputados en su contra no propician delito alguno y que sus denuncias carecen de valor jurídico".
Al "negarle el derecho a defenderse", la procuraduría estatal "arbitrariamente ejerció una acción penal en contra de Gómez Urrutia, más por razones políticas que por motivos jurídicos, mostrándose dócil y a las órdenes del poder federal, lo que refuerza la idea de una persecución política", indicó.
El sindicato señaló que la juez sonorense "olvidó estudiar" el tratado de ex-tradición entre México y Canadá -negociado en forma paralela al Tratado de Libre Comercio de América del Norte-, que precisa nuevos contenidos del acuerdo legal y establece que la detención provisional y la extradición de un ciudadano no procede cuando se funda en delitos po-líticos o que tengan relación con hechos de esa naturaleza.
Estos argumentos han sido utilizados por la defensa legal de Napoleón Gómez Urrutia para demostrar jurídicamente que el depuesto líder minero no puede ser extraditado desde ese país.
Gómez Urrutia está acusado del desvío de 55 millones de dólares de los fondos sindicales, y actualmente pesan sobre él tres órdenes de aprehensión.
Con base en una de ellas, girada por la juez de Hermosillo, Sonora, Santa Adelina Flores Montoya, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó en julio pasado al gobierno de Canadá la detención, con fines de extradición, de Napoleón Gómez Urrutia, quien reside en Vancouver.
La cancillería informó entonces que la PGR le hizo llegar el pliego de consignación, que está sustentado en la orden que libró el 18 de mayo la juez sonorense.