Destinó la dependencia $200 millones a grupos afines al blanquiazul: Conorp
Condicionados a alinearse con Acción Nacional, recursos para el campo otorgados por la SRA
La Secretaría de la Reforma Agraria comprometió 200 millones de pesos a diputados y senadores del PAN para que presuntamente los entreguen al Organismo de Productores Agropecuarios, Ganaderos, Acuícola Nacional (OPAGAN) y la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social (Unimoss), entre otras organizaciones rurales creadas por los legisladores de esa fracción.
En tanto, a las organizaciones sociales que no se han pronunciado a favor de dicho partido ni de su candidato a la Presidencia de la República se les han negado los recursos, con el argumento de la reserva precautoria, denunció la Coordinadora Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp), en la que participan cerca de 70 agrupaciones.
En la presentación del libro de José Reveles Las manos sucias del PAN, Erick Villanueva, Max Correa, Refugio Quintana Vera y Valentín González Bautista advirtieron que apenas se inicia la discusión en torno al uso ilícito de los recursos de diversos programas para el campo y el atraco multimillonario contra los más pobres del país. Acordaron buscar la unificación de todas las organizaciones campesinas e indígenas para no sólo documentar el desvío de los recursos federales sino para prepararse contra la embestida de la derecha que "pretende desaparecer a las organizaciones que no piensan como ellos".
En dicha presentación, Arnulfo Montes Cuen, de la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros (Fenpa), dio a conocer un nuevo listado de 14 diputados del PAN que en 2005 recibieron 54 millones de pesos del programa de vivienda rural, de la cuenta 378/6157497 de Banamex a nombre de la organización Huehueteptl Comunitaria. Y desde febrero de este año, funcionarios de dicho partido han solicitado a campesinos de 12 estados que firmen en blanco recibos oficiales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), pero a ninguno de ellos les han entregado el dinero o la ayuda comprometida.
Los diputados involucrados en ese desvío, asentó Montes Cuen, son: José Isabel Trejo Reyes, Javier Castelo Parada, Salvador Márquez L., José Erandi Bermúdez, Alfonso Moreno M., Humberto Aldaz, Blanca Gámez, Alberto Urcino Méndez, José A. de la Vega, Jorge Preciado, Diego Palmero, así como Guillermo Galland y Arturo Barraza, presidente y secretario de vinculación ciudadana del PAN en Hidalgo, respectivamente. También Alfonso Barragán, representante legal de Comercial Mexicana y dirigente del PAN en Veracruz, y Misael Espinoza, dirigente del PAN en Tacámbaro, Michoacán.
Padrón del Programa de Adultos Mayores
El dirigente de la Fenpa, quien hasta finales de 2005 fungió como secretario técnico de la fracción parlamentaria del PAN, aseguró que en julio de dicho año el diputado Javier Castelo Parada, subcoordinador del campo del PAN, solicitó a la titular de Sedeso, Josefina Vázquez Mota, le entregara el padrón del Programa de Adultos Mayores. "Dos días después, el director general de Atención a Grupos Prioritarios de Sedeso envió dos discos con información confidencial de 175 mil personas que recibirían 2 mil 100 pesos cada uno, como beneficiarios del programa.
La información, afirmó Montes Cuen, fue utilizada por cada uno de los 150 diputados de Acción Nacional para promover una campaña a favor del partido en los estados e invitaron a los beneficiarios del programa a que acudieran a Telecom a recoger los apoyos; además, empleados de legisladores enviaron correos electrónicos a la dirección del Programa de Adultos Mayores para gestionar recursos, y en respuesta la Sedeso envió 60 millones de pesos, que fueron utilizados para que decenas de alcaldes y diputados hicieran proselitismo político.
"El PAN no cuenta con una estructura en el campo, pero sí con membretes de organizaciones a las que les está inyectando recursos; por lo pronto ya tiene en la lista a 22, a las que en agosto les entregará una fuerte cantidad", advirtió Montes Cuen. Ante ello, sugirió a la Conorp presionar al gobierno para impedir que "organizaciones fantasma sigan creciendo con recursos federales".