No hay pruebas de que los implicados supieran el destino del dinero, sostiene
La Fepade se lava las manos por el Pemexgate
Después de confirmar los autos de libertad en favor del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR), María de los Angeles Fromow Rangel, reconoció que en el caso del Pemexgate "la fiscalía no pudo sostener, ni tiene una prueba directa que demuestre que los implicados en el caso pudieran haber conocido previamente que el dinero (transferido de Petróleos Mexicanos al sindicato petrolero) se iba a destinar a un partido político".
En entrevista telefónica, la funcionaria rechazó que el presunto desvío de más de mil millones de pesos de Pemex al sindicato petrolero, y de ahí a la campaña presidencial, en el año 2000, del priísta Francisco Labastida, vaya a terminar en carpetazo, pues los autos de libertad fueron con las reservas de ley y permiten a la Fepade retomar la investigación.
Agregó que la PGR sólo cuenta con "pruebas circunstanciales", que por sí mismas "no dan una prueba directa hacia este elemento específico del tipo penal (peculado electoral); no tenemos esencialmente algo que pueda desvirtuar los argumentos de los juzgadores" que han otorgado amparos a todos los implicados en el Pemexgate.
La funcionaria justificó que no se haya presentado un recurso de apelación contra del fallo del magistrado unitario, José Angel Mattar -que hace dos semanas concedió la protección de la justicia federal al líder petrolero-, con el argumento de que se trató de un procedimiento jurídico que decidió motu proprio el agente del Ministerio Público Federal adscrito al tribunal, el cual es totalmente ajeno a la Fepade.
"Se trata de un procedimiento que se realizó por parte del MPF adscrito al tribunal, en el que hace una consulta técnica ante la dirección general de Amparo de la PGR, donde establece una serie de argumentos por los cuales considera que es necesario no presentar la revisión que corresponde a esta resolución dictada por el tribunal unitario", puntualizó.
No obstante lo anterior, la fiscal respaldó la decisión del agente ministerial que no pidió la revisión, porque hubiera sido una acción inútil, ya que el recurso jurídico habría sido del conocimiento del décimo tribunal colegiado, el cual ya tiene establecido un criterio respecto al Pemexgate, en el sentido de que esos hechos derivaron de convenios estrictamente laborales.