El gobierno, sin interés en regular la actividad, afirma
Denuncian anarquía en el sector minero
Pequeño propietario de Hidalgo detalla irregularidades
El gobierno no está interesado en regular la actividad minera ni normalizar la situación laboral de los trabajadores de este gremio, "funcionarios de gobiernos estatales incluso se conforman con cualquier soborno para dejar trabajar a las minas en forma irregular", advirtió el arquitecto Jaime Pedro Martínez, pequeño minero de Hidalgo, quien detalla que prácticamente todos los convenios internacionales que México ha firmado en la materia son letra muerta, "ni las grandes empresas los cumplen".
Dueño de una mina a cielo abierto y conocedor de irregularidades que hay en la minería del estado de Hidalgo, describe en una sola palabra lo que pasa en ese sector: "anarquía".
Las autoridades de Ecología, de la Secretaría del Trabajo y las de Protección Civil no hacen que se cumplan las regulaciones; el gobierno estatal otorga concesiones a discreción y, como nadie cubre las disposiciones oficiales, se otorgan "prórrogas" a los empresarios para que se regularicen, pero "todo es simulación".
Inclusive hay un fenómeno muy peculiar en el sector, porque, aunque parezca increíble, hay "mineros ambulantes" que localizan terrenos con minerales, llevan maquinaria, los explotan y cuando llegan las autoridades "ellos ya no están". Son pequeños propietarios que migran de zona en zona malbaratando el producto, explotando trabajadores y arriesgándolos, no tienen la menor condición de seguridad, ni contratos, ni sindicatos, ni nada.
Pero en las pequeñas y medianas empresas, los accidentes de trabajadores son lo cotidiano así como la subcontratación, los sindicatos blancos o la total inexistencia de los mismos, la mano de obra malbaratada, etcétera. Además, hay "canibalismo" de precios, por lo que sobrexplotan los recursos y los mineros, y además, también provocan graves desastres ecológicos por los despalmes.
Dueño del banco de materiales pétreos El Potrero del Llano, mina La Reguladora de la carretera de Tepeapulco, en Hidalgo, Jaime Pedro Martínez Guerrero denuncia, en entrevista, que tanto inspectores de ecología como de la representación estatal de la Secretaría del Trabajo "están rebasados". Según documentos que ha presentado para advertir de toda esta situación a las autoridades estatales, las mismas dependencias reconocen que "no hay inspectores suficientes", carecen de personal, lo que es anormal en un estado tan importante en materia minera.
Señala que aunque no es generalizado, algunos de los inspectores, al momento de verificar si las condiciones de trabajo están en regla, "se conforman con que los propietarios les ofrezcan una buena barbacoa y asunto arreglado". La verdad no hay ninguna voluntad gubernamental para regular este rubro, los pequeños y grandes mineros manejan a su arbitrio esta industria, y los funcionarios tienen una gran discrecionalidad operativa que les permite hacer caso omiso de lo que pasa en el sector o incluso aceptar sobornos.
En cuanto a las grandes empresas señala que éstas también incumplen con la normatividad laboral, ecológica y administrativa, sólo que ellos generan una competencia desleal y deshonesta porque entran en contubernio con los gobiernos. Es decir, por ejemplo, para la construcción de grandes carreteras "compran" las licitaciones, y las grandes constructoras, como ICA o Latinoamericana de Concretos, especulan con precios de materiales como grava, arena, piedra e imponen condiciones que sólo las empresas de gran tamaño pueden cumplir, y prácticamente hacen negocio entre firmas importantes sacando del mercado a los pequeños. Así hay varios monopolios en el sector, dijo.
En resumen, hay marcadas violaciones de mercado, regulación prácticamente "de escritorio", pero no real, desconocimiento absoluto de los derechos laborales de los trabajadores y quiebra masiva de pequeñas empresas mineras; por si esto fuera poco, los convenios que el gobierno federal ha firmado a nivel nacional e internacional, incluso con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), han quedado en el papel. Estas condiciones son las que tienen a la minería nacional en un grave parteaguas, concluye.