Violencia doméstica, trabajo infantil y discriminación a indígenas, algunos de los temas
Preocupa a organismo de la ONU situación social y económica de México
El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), de la Organización de Naciones Unidas, manifestó al gobierno mexicano su preocupación por los altos índices de violencia doméstica que se registran en el país contra mujeres y niños, y que en varios estados "la definición de incesto en las leyes no protege adecuadamente a menores de edad".
De igual forma, señaló al gobierno que otros motivos de alarma son el que del total de la población económicamente activa, aproximadamente 40 por ciento se encuentra en el sector informal; los bajos salarios mínimos de los trabajadores indígenas y mujeres; y que pese al programa Seguro Popular cerca de la mitad de la población no tiene acceso a la seguridad social.
Luego de analizar el cuarto informe periódico que el gobierno mexicano presentó en Ginebra, Suiza, sobre la situación en ese ámbito, dicho comité formuló 18 observaciones, 21 sugerencias y recomendaciones al informe oficial, la cual le reconoce sólo cinco aspectos positivos.
Otras de las preocupaciones externadas son: la edad mínima para el matrimonio en muchas entidades, que es de 14 años para las niñas y 16 años para los niños, sujetos al consentimiento de los padres, y "la edad para el consentimiento sexual es solamente de 12 años para los dos géneros".
Asimismo, el gobierno mexicano recibió la observación de que "pese a sus esfuerzos para reducir la pobreza, más de 40 millones de personas continúan en esa condición, en particular, las comunidades indígenas, y otros individuos, grupos desfavorecidos y marginados, tales como mujeres indígenas, campesinos, trabajadores del sector informal y personas de la tercera edad".
El comité criticó también "el alto porcentaje de niños menores de 16 años involucrados en trabajo infantil, principalmente en labores agrícola e industrial, y enfatiza que trabajan frecuentemente en condiciones deficientes y peligrosas.
El alto índice de mortalidad materna causada por abortos clandestinos, en particular en lo que se refiere a niñas y mujeres jóvenes, es angustiante, sobre todo porque hay informes "sobre la obstrucción al acceso a servicios de aborto legal después de una violación sexual".
Condenó también el comportamiento abusivo de personal de salud y funcionarios del Ministerio Público hacia las embarazadas víctimas de violación; los impedimentos legales en casos de incesto, la falta de acceso a servicios y educación en salud reproductiva, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas".
Refiere además su inquietud por los informes sobre comunidades indígenas y locales que se oponen a la construcción de la hidroeléctrica La Parota u otros proyectos bajo el Plan Puebla Panamá, porque no han sido consultados adecuadamente, y en ocasiones a esa población se le ha impedido participar en asambleas locales relativas a la ejecución de esos proyectos.
Subraya que es motivo de preocupación que la construcción de dicha presa "causaría el hundimiento de 17 mil hectáreas de tierra habitada o cultivada, conduciría al deterioro ambiental y a desplazar a 25 mil personas, situación que de acuerdo con el Tribunal Latinoamericano del Agua, viola los derechos comunales a la tierra".
Censura las malas condiciones de trabajo de los indígenas, "quienes están frecuentemente mal pagados o no reciben salario alguno, ni prestaciones de seguridad social o vacaciones pagadas, y frecuentemente trabajan por contratos diarios, o como miembros de la familia no pagados".
El hecho de que el subsidio de desempleo del Estado sólo cubre la cesación del empleo en edad avanzada, la carencia de una legislación sobre la igualdad de género y de leyes sobre el hostigamiento sexual en 14 estados, el que los programas de vivienda no atienden adecuadamente las necesidades en zonas urbanas, la falta de maestros rurales, la baja asistencia de niños indígenas a las escuelas, son considerados graves problemas por el organismo.
Pilar Berros, del Centro Antonio Montesinos; Miguel Angel Paz, de Enlace Chiapas; Rodrigo Olvera, del Centro de Reflexión Laboral; Alelí Sandoval, de Equipo Pueblo, y Elizabeth Plácido, del Comité América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, dieron a conocer las observaciones que el comité de DESC hizo a México.