Se vulneró la autonomía sindical: especialistas de la UAM
La represión de mineros podría generar una queja ante la OIT
La represión que afectó a los mineros de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa), el pasado 20 abril, con un saldo de dos personas muertas, no sólo es un acto violatorio de la ley, sino "un crimen" que vulnera el derecho de los trabajadores a defender su autonomía sindical, afirmaron especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Indicaron que la Ley Federal del Trabajo y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) "dan la razón a los mineros, al establecer que el Estado no deberá intervenir en la vida interna de un sindicato".
Ratificado por México en enero de 1950 y en vigor desde julio de ese año, el Convenio 87, relativo a la libertad sindical y protección del derecho de sindicación, establece claramente, aseguraron, que las organizaciones de trabajadores y de patrones tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos; elegir libremente sus representantes; organizar su administración y sus actividades, y formular su programa de acción, además de que "las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal".
Octavio Loyzaga, especialista en legislación laboral y catedrático de la UAM Azcapotzalco, destacó que el Estado "no puede imponer una toma de nota espuria, que obedece a intereses de una cúpula patronal cuando consideran que el líder gremial en funciones les incomoda o molesta".
Por ello, consideró que los actos de represión en que incurrió el gobierno federal cuando ordenó el desalojo violento de los mineros de Sicartsa, con un saldo de dos trabajadores muertos, "podría generar una queja ante la OIT, por vulnerar la autonomía sindical, además de denunciar ante las instancias correspondientes la evidente violación del acuerdo de cooperación laboral para América del Norte, suscrito con el Tratado de Libre Comercio".
Con la intervención del Estado en el sindicato minero, afirmó, se creó un "conflicto artificial", en el que no se ha podido establecer que el líder reconocido por la cúpula empresarial y las autoridades federales, Elías Morales, "tenga una mayoría de trabajadores que lo apoye, pues el paro nacional del primero y 2 marzo demuestra lo contrario".
Por ello, consideró que sólo una "enorme ignorancia jurídica" puede llevar al candidato del PAN, Felipe Calderón, a afirmar que el desalojo "fue legal, cuando lo que procede es la rescisión de contrato del trabajador y no un desalojo, el cual debe estar justificado por una orden judicial, que nunca apareció, y en cambio se llegó al derramamiento de sangre y al crimen".
En entrevista por separado, Graciela Bensusán, investigadora de la UAM Xochimilco, especialista en sindicalismo y reforma laboral, señaló que tras la actuación de las autoridades laborales en el conflicto "quedó claro que no tenemos un árbitro confiable para dirimir los conflictos sindicales".
La falta de un proceso gradual que permita una transición hacia una verdadera democracia sindical, agregó, se ha visto entorpecida por una política laboral al servicio de las cúpulas patronales, que han "avalado directivas corruptas y antidemocráticas cuando ha convenido a sus intereses, las mismas que ahora pretenden imponer una directiva espuria a los mineros".
Es un error, aseguró, creer que los mineros salieron a la lucha por defender a un líder "que puede ser cuestionable; su lucha de fondo es por la autonomía sindical y rechazar una intromisión inexplicable que acarreó elevados costos sociales, y sin duda económicos".