Regresión en conquista de derechos: Centro Fray Bartolomé
"Recurrente", la tortura en Chiapas durante 2005
Documenta casos de privación arbitraria de la libertad
Aunque el Estado mexicano está demostrando nulo interés por transitar a la democracia, el sector más desprotegido y excluido de la población -que es el más vulnerado en sus garantías- "se abre perspectivas" para la igualdad, la justicia y la libertad, ya que ha fortalecido su lucha en ese sentido, revela el Balance 2005 sobre derechos humanos en Chiapas, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
El documento establece que en la entidad "prevaleció la lógica del gobierno parcial y represivo", con lo cual la conquista de los derechos humanos "sufre una regresión". Denuncia que de enero a diciembre de 2005 se reportaron en Chiapas casos de tortura y detenciones arbitrarias, las cuales fueron muy recurrentes, además de operativos contra defensores de derechos humanos, y se hicieron reformas legales que atentan contra las garantías fundamentales, así como que continúan la ocupación militar y la falta de atención a los afectados por el huracán Stan.
En el periodo referido, el centro de derechos humanos recibió 618 denuncias directas, una de las cuales concentra 90 querellas individuales y colectivas de los afectados y desplazados por Stan. Además, la ONG continuó el litigio de 19 casos ocurridos en años anteriores, asumió dos más por tortura y uno por violaciones al territorio. Estos procesos se llevan en los ámbitos estatal, federal e internacional.
Asimismo, la organización atendió 17 denuncias de presuntas violaciones a la integridad y seguridad personal, de las cuales, en siete se logró documentar elementos que configuran tortura. De éstas, se identificaron siete víctimas directas en tres municipios del estado: seis hombres y una mujer, entre los cuales, seis son indígenas y uno mestizo.
"En Chiapas, la tortura sigue siendo práctica común en la investigación judicial, dirigida de manera general a la población civil"; se realiza con golpes, quemaduras, violaciones, hostigamiento y molestia sexual, así como asfixia, posturas forzadas, incomunicación o aislamiento, presiones, humillaciones y diversas amenazas que no incluyen la muerte, denunció la ONG.
Sentenció que estas transgresiones a los derechos humanos continúan "siendo realidad en Chiapas", y que mientras sean funcionarios públicos quienes las practiquen serán consideradas "abuso de autoridad, lesiones y brutalidad policiaca". En los siete casos mencionados estuvieron implicados 36 servidores públicos, sobre todo agentes de la policía.
En 2005, el Fray Bartolomé documentó 14 casos de privación arbitraria de la libertad, los cuales se suscitaron en siete municipios, donde se detuvo a 78 personas: 10 mestizas y 68 indígenas.
El informe destaca que esta violación se presenta junto con otras transgresiones. "Del total de víctimas de 2005, cinco sufrieron tortura, 57 uso excesivo de la fuerza pública y una murió bajo custodia"; agrega que la modalidad más recurrente para la privación arbitraria de la libertad es el arraigo.
Los patrones de la privación arbitraria de la libertad que reporta son los siguientes: los agentes que aprehenden a la víctima regularmente actúan en grupos de cuatro a siete; agreden verbalmente, portan armas y realizan acciones de intimidación; no se identifican y realizan las detenciones vestidos de civil; regularmente se utilizan dos vehículos con matrícula; existe uso excesivo de la fuerza pública y se obliga a firmar declaraciones en blanco, entre otros.
El documento sentencia que entre mayo y agosto del año pasado se produjo el desplazamiento de la comunidad Andrés Quintana Roo, del municipio de Sabanilla, la cual está conformada por 20 familias choles, que suman 117 personas, entre hombres, mujeres y niños, seguidores del PRD, quienes se vieron obligados a abandonar su territorio debido a amenazas y actos violentos cometidos por integrantes del grupo Paz y Justicia. Ante el temor a ser asesinados, los choles emigraron a Villa Tapijulapa, Tabasco.
La organización subrayó que aunque se ha hecho hincapié -nacional e internacionalmente- sobre el problema de los desplazados, el gobierno chiapaneco continúa desconociendo el conflicto, "empeñándose en maquillar y mediatizar la atención".
En torno a las comunidades afectadas por el huracán Stan, la ONG reporta que el gobernador Pablo Salazar "dio incompleto su informe de daños, sin conocer todos los efectos. La evaluación careció, y sigue careciendo, de una valoración de campo que cubra toda la zona afectada, (...) no contempla los efectos en las regiones autónomas zapatistas, que son graves".
Tras el análisis de la situación de las garantías fundamentales en Chiapas, el centro de derechos humanos concluye que la tortura es un método de investigación que se aplica contra los ciudadanos, que los órganos encargados de administrar justicia protegen a los responsables de las violaciones a derechos, que el sistema de justicia está subordinado a intereses políticos y la justicia se aplica discrecionalmente.