Usted está aquí: viernes 7 de abril de 2006 Política Retrocede México en materia de libertad de expresión: ONG

Está a nivel de países árabes y dictaduras, dice Amarc

Retrocede México en materia de libertad de expresión: ONG

Incumple compromisos signados con la CIDH, advierte

ALMA E. MUÑOZ

México se encuentra entre los países más atrasados en el respeto a los derechos en materia de libertad de expresión e informativos de los ciudadanos. En análisis al respecto a cargo de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), los últimos lugares los ocupan las naciones árabes y donde hay dictaduras, y las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión hacen que nuestro país retroceda y se ubique en ese mismo nivel, aseguró Aleida Callejas, representante del área jurídica de esa organización.

Hizo ver que tal como se comportó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado incumple su compromiso de garantizar criterios democráticos e incluyentes en materia de telecomunicaciones, como se afirma en el Programa Nacional de Derechos Humanos. Resaltó que, para su elaboración, éste tuvo como una de sus bases el acuerdo de cooperación técnica que en esta materia firmó el gobierno mexicano con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, de la Organización de Naciones Unidas.

Dentro del apartado 1.3.3, referente a la libertad de pensamiento, de expresión y derecho a la información, dicho programa establece: "... elaborar una definición precisa de la figura de medios comunitarios y ciudadanos y promover su reconocimiento'', y ''analizar el marco normativo vigente para identificar las disposiciones que permiten fundamentar la operación legal de los medios comunitarios y ciudadanos, considerando sus objetivos, características sociales, culturales, técnicas y económicas''.

De lo anterior, lamentó la activista, nada hay en la ley aprobada. Por eso decimos, afirmó en entrevista, que se violentan la línea de acción planteada y los principios de ''progresividad de los derechos humanos'' a los que México se comprometió. En su caso recordó que en diciembre de 2004 y enero de 2005 consiguieron que 11 radios comunitarias, sin fines de lucro, operadas directamente por grupos ciudadanos, obtuvieran permisos para operar, después de 30 años de negativas de la Secretaría de Comunicaciones.

Esto, sin mediar la titularidad de ninguna institución del Estado, tal como ocurre con las radios indigenistas, que dependen de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios. Hablamos, insistió la representante de Amarc, de que existen en ciudades y zonas campesinas e indígenas, que atienden a una comunidad de intereses y que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y desigualdad, por lo que no podemos establecer, dijo, la visión de que las radios comunitarias se reducen a operar en áreas con población netamente étnica. ''Hacerlo sería desconocer las que existen en Europa o Canadá.''

Recordó que México se encuentra entre los países más atrasados en el respeto a los derechos en materia de libertad de expresión. ''La legislación mexicana queda -sin que aún entre en vigor la nueva ley de radio y televisión- en las mismas condiciones de Guatemala o Camerún.'' En el primer caso se subastan las frecuencias, no se reconoce a medios comunitarios ni ciudadanos -en una nación netamente indígena- para el acceso a frecuencias, y casi toda la televisión está a nombre de una persona.

Arriba de la lista, en términos de ese tipo de normas, mencionó que se encuentran Canadá, Alemania, Inglaterra, Sudáfrica, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador. Los últimos son, ''hablando en términos de países democráticos, más o menos avanzados'', apuntó Aleida Calleja, los países árabes y donde hay dictaduras.

Lo terrible, continuó, es que con la reciente aprobación ''habremos retrocedido. El hecho de que el Estado pierda rectoría sobre un bien nacional nos regresa a tiempos de dictaduras, al nivel último del que hablamos''.

Hay que insistir, abundó la representante de Amarc, que la pelea que estamos dando es para que el gobierno garantice la posibilidad de que los ciudadanos podamos acceder a frecuencias para tener derechos informativos.

 
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