Usted está aquí: jueves 30 de marzo de 2006 Política La consulta pública rechazó en febrero la reforma a la ley de radio y televisión

Ese ejercicio, convocado por los mismos senadores, terminó en letra muerta

La consulta pública rechazó en febrero la reforma a la ley de radio y televisión

El dictamen favorable que hoy se votará en Xicoténcatl omite y desprecia la voz de los ciudadanos

ANDREA BECERRIL

En el dictamen favorable a la ley Televisa, que hoy se votará ante el pleno del Senado, se ignora la voz de los ciudadanos e instituciones que en los últimos tres meses se manifestaron en contra de la minuta y demandaron cambios de fondo, entre ellos evitar la concentración de frecuencias el beneficio exclusivo de las televisoras que lleva a la conformación de monopolios.

"Es muy vergonzoso que en la exposición de motivos del dictamen, las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos ignoren la consulta pública a la que ellas mismas convocaron'', advirtió el senador del PAN Felipe de Jesús Vicencio. Dijo que ello no sólo significa "desprecio" a los ciudadanos que de buena fe acudieron a expresar sus puntos de vista, sino confirma que todo fue "una farsa" y desde diciembre había la intención de aprobar las reformas.

Trabajos ignorados

El documento que avala las modificaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión, y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, dedica más de tres páginas a enumerar las audiencias públicas, foros, conferencias parlamentarias y otras actividades que la Comisión de Comunicaciones y Transportes llevó a cabo desde enero de 2001 para actualizar el marco jurídico de los medios de comunicación electrónica.

Se quiere dar la impresión de que la llamada ley Televisa "es el remate de todo un esfuerzo y eso es impropio", y la segunda cuestión inaceptable es que ese recuento cronológico termina en diciembre de 2005, ''es decir, en la exposición de motivos del dictamen pareciera que no ocurrió nada en los tres primeros meses de este año, desde que la minuta llegó al Senado".

Para los presidentes de las comisiones dictaminadoras que tuvieron a su cargo la elaboración del dictamen, no existió esa consulta pública en la que integrantes de la propia industria de la radio y la televisión, entre ellos los radiodifusores, expresaron críticas y propusieron cambios.

El senador Vicencio reivindicó la opinión de los ciudadanos y advirtió que puede ser un "lapsus" de los redactores del dictamen. Recalcó, sin embargo, que "desde Freud hasta nuestros días sabemos que los lapsus expresan la voluntad profunda y por lo tanto queda al desnudo la actitud autoritaria y cerrada de quienes están decididos, a cualquier costo, a sacar la reforma, sin importar que sea a cambio de ignorar la voz de la sociedad y que ello quede totalmente exhibido".

En esa consulta pública, realizada durante el pasado mes de febrero, participaron 46 personalidades y organizaciones, de las que 34 -casi 74 por ciento del total- expresaron su desacuerdo con aprobar la ley en sus actuales términos. Hubo voces de gran representatividad, como organismos gubernamentales que tienen que ver con la reglamentación de la radio y la televisión. Entre ellas la de los directores de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco), la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y el Instituto Federal Electoral (IFE).

Asimismo, la Academia de Ingeniería, el Colegio Nacional de Economistas, el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, así como la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, la Coordinación Nacional Permanente de Peritos en Telecomunicaciones, los que insistieron en que la minuta no podía aprobarse en sus términos, porque significa un retroceso en la regulación de los medios electrónicos, y presentaron propuestas concretas de modificación.

La Cofeco se pronunció incluso antes de iniciada esa consulta pública -que se llevó a cabo debido a que así lo exigieron los senadores que desde hace varios años impulsan un proyecto democrático de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión- ante los intentos de Diego Fernández de Cevallos, Héctor Osuna y el priísta Erick Rubio, de dar también fast track a la minuta en Xicoténcatl.

La Cofetel dio a conocer un documento, el 8 de diciembre, en el que aludió a uno de los puntos torales de la minuta, al señalar que no asegura "la eficacia en la prestación de los servicios ni evita fenómenos de concentración al asignar el espectro radioeléctrico" y "puede crear costos asimétricos en favor de los concesionarios existentes y en detrimento de los entrantes, lo que es contrario a los procesos de competencia y libre concurrencia". Ello, recalcó Cofeco, contraviene el artículo 28 constitucional, donde se prohíbe la formación de monopolios. Por ese punto de vista, los impulsores de la ley Televisa postergaron lo más posible la participación de ese organismo en la consulta pública.

Pero finalmente, el presidente de la Cofeco, Eduardo Pérez Motta, se presentó en el Senado, junto con el titular de Cofetel, Jorge Arredondo, en una sesión donde refrendaron los cuestionamientos en torno a las omisiones y fallas de la minuta.

El presidente de la Cofetel, instancia que de acuerdo con la reforma aprobada por los diputados será el órgano regulador de la industria de radio y televisión, dijo muy claramente que se disminuyen las facultades que ahora tiene, por lo que se trata de un retroceso severo.

A manera de ejemplo detalló que la Cofetel no podrá sancionar ni auditar las empresas de radio y televisión que supuestamente habrá de regular. Tampoco asegura la rectoría del Estado para regular el uso eficiente del espectro radioeléctrico.

Arredondo hizo una serie de señalamientos técnicos y jurídicos y concluyó que la Cofetel no será la institución autónoma, como se asegura en la minuta, ya que permanecerá como órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y, por lo mismo, subordinado al titular en turno de la dependencia. Persistirá la doble ventanilla.

La minuta, coincidieron los dos funcionarios, genera asimetría, porque permite a los concesionarios de radio y televisión prestar servicios de telecomunicaciones mediante un régimen simplificado de acceso al espectro, que los exime de tener que participar en licitación alguna, sólo deberán presentar solicitud.

Durante la consulta, se recalcó que en la minuta no se establecen criterios ni requisitos suficientes que aseguren la probidad, conocimiento e imparcialidad de los consejeros de la Cofetel, por lo que podrán integrar ese organismo quienes estén ligados a Televisa o le beneficien.

La opinión del IFE

En esa misma sesión, del 22 de febrero, el presidente del IFE hizo llegar un documento en el que advirtió que la ley violenta disposiciones del Cofipe, ya que se establece que la publicidad electoral en medios electrónicos puede ser contratada por los partidos o los candidatos. Además, se deja al instituto como caja de pago, lo que no permitirá la fiscalización de las tarifas y las caracteríticas de contratación de los espots.

Asimismo, se resaltó que el único criterio para la obtención de concesiones es el económico, es decir, se darán en subasta al mejor postor. No se establecen condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir y operar estaciones de radio o televisión, ni posibilitan la actualización tecnológica de radios en la frecuencia de AM ni de los medios públicos.

Hubo coincidencia en que se trata de una legislación que sólo atiende los aspectos técnicos, como si la tecnología tuviera vida propia y n fueran seres humanos quienes la usan.

 
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