Posible impacto al sistema de fiscalización: Morales
La reforma permitiría a candidatos contratar publicidad electoral
La reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión conlleva una vertiente electoral que, de aprobarse, podría impactar el sistema de fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE), pues con los cambios se abre la puerta para que los candidatos puedan contratar publicidad electoral, cuando el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) determina que esto sólo lo pueden hacer los partidos, sostuvo el consejero Rodrigo Morales.
A pocos días de que el Senado apruebe las citadas reformas, Morales insistió en que ''esto violenta toda la normatividad y toda la lógica del sistema de partidos reflejado en el Cofipe; es decir, abrir la puerta a que un sujeto pueda contratar esa publicidad mete una distorsión grave, digamos, en el sistema de fiscalización, y eso es preocupante''.
Para Morales, si los senadores aprueban sin modificación alguna la Ley Federal de Radio y Televisión, ''tendríamos que valorar qué acciones tomar para resarcirla, sea mediante acuerdo de consejo general o alguna otra medida''.
La postura del consejero dista de la que externó su homólogo Arturo Sánchez, para quien si bien es cierto que la posibilidad de que los candidatos contraten publicidad es algo que no está previsto en el Cofipe, existen salidas legales en caso de que los senadores lo aprueben.
-¿No sería una contradicción en las legislaciones?
-No contradice la ley, porque de cualquier manera los partidos son responsables de presentar sus informes atenidos a los reglamentos de fiscalización, y ahí queda muy claro que son directamente los partidos políticos los únicos que tienen atribuciones de hacer contrataciones en los medios de comunicación.
Sánchez señaló que es una responsabilidad del Senado aprobar esa ley, y en su caso el IFE tendría que respetarlo, ''en el entendido de que el Cofipe es muy claro en esta materia y nosotros seguiremos ciñéndonos a esa reglamentación''.
Hace algunas semanas, reconoció Sánchez, el instituto envió un documento al Senado en el que externaba su inquietud por estas modificaciones, sin que hubiera respuesta formal de los senadores. La salida legal, comentó, fue planteada por el área jurídica del propio órgano electoral.