Usted está aquí: miércoles 22 de marzo de 2006 Política Recrudece el Senado de Arizona medidas contra indocumentados

Busca aumentar el número de restricciones a servicios que presta el estado

Recrudece el Senado de Arizona medidas contra indocumentados

Promotores del ordenamiento acusan a la gobernadora de aplicación indebida de la Ley 200

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Phoenix, 21 de marzo. El Senado de Arizona aprobó una iniciativa que prohíbe acceso a hijos de indocumentados a programas de atención infantil, incluido servicios de vacunación, educación prescolar y cursos de educación para adultos.

La iniciativa SCR 1031, presentada por congresistas republicanos, que cuentan con mayoría en ambas cámaras de Arizona, fue aprobada por 18 votos a favor y 11 en contra por la cámara alta estatal y turnada a la de Representantes para su evaluación.

De llegar a ser aprobada por la cámara baja sería sometida a consideración de los votantes de Arizona en forma de plebiscito en los comicios de noviembre próximo, evitando así que la gobernadora demócrata del estado, Janet Napolitano, pudiera vetarla.

La SCR 1031 señala que sólo familias de bajos ingresos que viven legalmente en Estados Unidos podrán tener acceso a ayuda en efectivo, cupones para comida, atención infantil que brinda el estado de manera gratuita, incluso vacunas, programas educativos para niños en edad prescolar y niñeras.

Además prohíbe la impartición gratuita a indocumentados de cursos educativos para adultos que se imparten en instalaciones públicas de distritos escolares, entre los que se encuentran clases de inglés.

Asimismo, sólo aquellos estudiantes universitarios indocumentados que acrediten por lo menos seis años de estancia en el estado y demuestren que sus padres pagaron impuestos en ese lapso tendrán derecho a colegiaturas preferenciales como las que pagan quienes radican en Arizona.

Según legisladores republicanos que promovieron la iniciativa, incluidos Dean Martin y Robert Blendu, el propósito es ampliar los servicios que niega el estado a indocumentados, como buscó hacerlo la Ley 200 que aprobó en plebiscito casi 56 por ciento del electorado en Arizona en noviembre de 2004.

Ambos senadores estimaron que Napolitano y el procurador general de Justicia de Arizona, el demócrata Terry Goddard, aplicaron de manera indebida dicha ley, haciendo caso omiso a la voluntad de los votantes al hacer una interpretación legal limitada del ordenamiento.

Debido a ello, la Ley 200 ha tenido impacto mínimo en la población indocumentada del estado, porque sólo eliminó algunos servicios públicos para esos inmigrantes, a los que desde antes que entrara en vigor se les negaban.

Grupos antinmigrantes también han interpuesto una demanda ante la corte de apelaciones de Arizona exigiendo que sea revertida la interpretación que se hizo de la Ley 200 para que incluya mayor cantidad de servicios estatales prohibidos para indocumentados, incluidas vacunas infantiles.

La SCR 1031 forma parte de una ofensiva que consiste en un paquete de más de 50 drásticos proyectos de ley dirigidos contra inmigrantes ilegales, principalmente presentados por la Asamblea Legislativa de Arizona.

Entre dichas iniciativas se encuentra la HCR 2037, que busca cobrar un impuesto al envío de remesas de inmigrantes para construir una barda a lo largo de la frontera de Arizona con México que ayude a contener la inmigración ilegal.

Arizona se convirtió en años recientes en la principal puerta de ingreso a Estados Unidos para indocumentados.

 
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