El titular de la SFP asegura que muy pronto se conocerán las sanciones a Carrillo Prieto
Martínez Corbalá, encargado de elegir a auditores en el caso de los Bribiesca
El ex gobernador priísta Gonzalo Martínez Corbalá y Tirso Rodríguez de la Gala Gómez, ex titular del Organo Superior de Fiscalización del Congreso de Campeche, fueron designados testigos sociales para elegir, contratar y vigilar la ejecución de 33 auditorías externas vinculadas con las investigaciones sobre Construcciones Prácticas y los hermanos Bribiesca Sahagún.
Las auditorías tienen un costo estimado de 24 millones de pesos del erario federal, y para la primera semana de abril los testigos tendrán que haber elegido los despachos que se encargarán de los trabajos, informó el secretario de la Función Pública (SFP), Eduardo Romero Ramos.
Además, adelantó que "sí se reportaron, por las auditorías", irregularidades en el caso del titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Ignacio Carrillo Prieto, y de las sanciones refirió que "la Dirección General de Responsabilidades de la secretaría tomará muy pronto una decisión al respecto".
De la investigación anunciada por La Jornada sobre el patrimonio de Francisco Ortiz, ex responsable de imagen del candidato presidencial panista Felipe Calderón, aseguró que en dos o tres semanas se difundirán los resultados. "Nos ha autorizado Ortiz a hacer pública la indagatoria".
Al solicitarle información sobre la indagatoria en torno a los hijos de Marta Sahagún de Fox, Romero Ramos indicó que ya procedió la elección de los testigos sociales por parte del comité de designación ex profeso, formado por funcionarios de la SFP y representantes de las cámaras de la construcción y de empresas de consultoría.
"Los testigos tienen que empezar a discutir cuáles serán los despachos que participarán en la licitación para la realización de las auditorías de obra pública y administrativa", señaló.
Entrevistado al término del foro Mejora regulatoria interna, efectuado en un hotel capitalino, precisó que Martínez Corbalá, ex gobernador de San Luis Potosí y ex embajador de México en Chile y Cuba, participará en los procesos de selección, contratación y ejecución de las auditorías que se realizarán en torno a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y los contratos de construcción de carreteras (de Los Cabos al sureste mexicano), licitados en favor de la firma Fabricación y Colocación de Pavimento (Facopsa), de Cosme Mares y Josefina Hernández Mares, cuyos vínculos con los Bribiesca Sahagún son del dominio público.
Romero Ramos especificó que se efectuarán alrededor de 28 auditorías de obra pública vinculadas con Facopsa, con un costo aproximado a 800 mil pesos cada una.
A su vez, Tirso Rodríguez participará en los procesos de las auditorías financiero-administrativas a efectuarse en Petróleos Mexicanos sobre los contratos otorgados al Hospital San José, propiedad de Alberto Sahagún Jiménez, y respecto a la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y las empresas Negromor y Oceanografía, relacionadas con Construcciones Prácticas. En este caso se efectuarían cinco auditorías, con un costo de 300 mil pesos cada una.
Según Romero Ramos, una auditoría de obra pública se realiza en dos meses, y una contable en un mes; "pero no soy yo quien pone el término a estos trabajos, hay que permitir que lo hagan (los testigos y auditores) profesionalmente".
Del caso del titular de la Femospp, negó que haya motivaciones políticas en los procedimientos administrativos que se aplicarán contra Carrillo Prieto.
Agregó: "simplemente llegó el turno a la fiscalía (en cuanto al manejo de fondos para el pago de testigos protegidos e investigaciones especiales encubiertas) y han encontrado algunos temas que son objeto de análisis jurídico".
El titular de la SFP indicó que se abrirá un expediente de responsabilidades a Carrillo Prieto, y aun cuando el fiscal "ha tenido la posibilidad de exponer lo que considera que solventa o aclara las observaciones, finalmente el expediente está en Responsabilidades". Romero Ramos estimó que en una o dos semanas se harán públicas las sanciones.
-¿Es cierto que las irregularidades no sobrepasan los 500 mil pesos?
-No puedo discutir abiertamente las cuantías -atajó.