Usted está aquí: miércoles 15 de marzo de 2006 Política Piden acceso a fichas médicas de gobernantes

Presenta Sauri iniciativa de reforma para conocer salud del titular del Ejecutivo

Piden acceso a fichas médicas de gobernantes

ANDREA BECERRIL

La senadora priísta Dulce María Sauri Riancho presentó una iniciativa de ley para eliminar reservas y que pueda conocerse la información sobre los expedientes médicos del Presidente y otros funcionarios que ejercen "elevadas responsabilidades de carácter unipersonal".

Lo anterior tiene como finalidad garantizar que la salud física o mental del mandatario no afecte el correcto desempeño de sus responsabilidades, o peor aún, que "otras voluntades" usurpen las funciones conferidas al jefe del Ejecutivo.

La propuesta para modificar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se basa, detalló Sauri, en la preocupación despertada desde hace mucho tiempo por la salud de los gobernantes, tema que ha cobrado interés especial en el caso específico de Vicente Fox, por lo que "algunos analistas reconocen como variaciones significativas en el estado de ánimo del primer mandatario".

La reforma propuesta quita la reserva a la información confidencial de las fichas médicas del Ejecutivo, el gobernador del Banco de México, el titular de la Procuraduría General de la República y los presidentes del Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Sin embargo, la argumentación se centra en el presidente de la República, tema al que Sauri ha aludido en otras ocasiones, al plantear la necesidad de saber si Fox padece alguna enfermedad que explique su cambio constante de carácter.

Ayer, al presentar ante el pleno su iniciativa, Sauri comentó que no se trata de un tema nuevo, ya que durante el sexenio de Adolfo López Mateos "corrían versiones de que padecía de migrañas crónicas que le obligaban a permanecer en reposo constante y a despachar asuntos oficiales en habitaciones aisladas y sin luz", lo que se confirmó menos de un año después de concluir su mandato, cuando sufrió un ataque cerebral.

La necesidad de aproximarse a la salud del gobernante, explicó, no sólo tiene el propósito de conocer sus padecimientos físicos, sino saber qué medicamentos consume y los efectos que éstos pueden tener en su integridad física, equilibrio emocional y desempeño profesional.

El caso Fox avivó un debate "intenso e indispensable sobre la necesidad de conocer su expediente clínico", y ya es tema de preocupación no sólo para la opinión pública, sino también para la gran mayoría de los actores políticos.

La operación repentina y la molestia por una pregunta acerca del Prozac

Sauri aludió luego a la intervención quirúrgica repentina a Fox en marzo de 2003, cuando México era miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y tenía que decidir sobre el proyecto estadunidense de guerra contra Irak.

Mencionó también las informaciones periodísticas relativas a que Fox padece severas depresiones y debe tomar Prozac, tema que le preguntó a éste un periodista de la cadena Univisión y desató "una respuesta negativa" del Ejecutivo, quien interrumpió abruptamente la entrevista.

La promulgación de la Ley Federal de Transparencia planteó un nuevo debate, a partir de considerar que el expediente médico es un dato personal y, por tanto, es un derecho del paciente susceptible de ser protegido.

Sin embargo, hay un debate de mayor alcance y es la necesidad de conocer el estado físico y mental del presidente y de otros servidores con responsabilidades unipersonales, a fin de que ejerzan su responsabilidad plenamente, sin invalidez y sin que otras voluntades usurpen las funciones conferidas a ellos.

La reforma, por la que se plantea adicionar un artículo 15 bis a la Ley Federal de Transparencia, plantea que "en los casos específicos justificados" pueda ser develada la información médica que en otro momento y en otra circunstancia sería confidencial.

Para ello deberán solicitarlo cuando menos 33 por ciento de los integrantes de alguna de las dos cámaras del Congreso, es decir, se requiere de una mayoría determinada, además de que los expedientes clínicos no podrán difundirse.

 
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