Exigía un acuerdo para dejar a estadunidenses fuera de la jurisdicción de ese tribunal
EU suspendió asistencia militar a México por ingresar a la Corte Penal Internacional
Nueva York, 8 de marzo. El gobierno estadunidense confirmó hoy que desde finales del año pasado suspendió la asistencia militar a México, cuando suscribió el convenio de la Corte Penal Internacional sin ofrecer una excepción para ciudadanos estadunidenses.
Según fuentes oficiales en Washington, la suspensión de la asistencia militar fue ordenada para cumplir con una ley estadunidense que obliga al gobierno a aplicar esta sanción a todo país que se convierta en miembro de la Corte Penal Internacional (CPI) y que no acepte firmar un acuerdo con Estados Unidos para eximir a todo ciudadano estadunidense de la jurisdicción de esa instancia internacional.
"Esa es la ley, y nos obliga a suspender la asistencia militar tan pronto un país firme" como miembro de la CPI, confirmó una fuente oficial del gobierno estadunidense a La Jornada.
Otra fuente oficial, un funcionario del Departamento de Estado, explicó a este diario que la ley estadunidense (American Servicemembers Protection Act) establece que Estados Unidos tiene que suspender su asistencia militar a todo país que ratifique su participación en la CPI, con la excepción de países de la OTAN, aliados mayores de Estados Unidos no pertenecientes a la OTAN y naciones que firmen un acuerdo con Estados Unidos de no juzgar ciudadanos estadunidenses en la CPI.
Estos acuerdos, subrayó el funcionario del Departamento de Estado, no deben ser interpretados como la extensión de "inmunidad" a estadunidenses, ya que insistió en que la posición oficial estadunidense es que nadie es inmune ante acusaciones de crímenes de guerra o contra la humanidad, sino que es un asunto de jurisdicción. Señaló que dado que Estados Unidos no forma parte de la CPI, la posición estadunidense es que sus ciudadanos tampoco deberían ser sujetos a juicio en esa instancia.
También indicó que el presidente tiene la autoridad de suspender la aplicación de esta ley sobre la base de un acuerdo bilateral o por intereses de seguridad nacional.
En el caso de México se realizaron negociaciones sobre un acuerdo, pero no prosperaron cuando el gobierno mexicano confirmó su posición de que no estaba dispuesto a conceder excepciones ante los protocolos de la CPI, informaron fuentes oficiales estadunidenses.
De hecho, el canciller mexicano Luis Ernesto Derbez reiteró esta posición de México el mes pasado, entre otras ocasiones, de que no estaba dispuesto a otorgar esa excepción, subrayando que "lo vamos a mantener, no damos esa excepción nosotros (...) México no va a cambiar su posición, y si esto representa un recorte determinado de ayuda, bueno, pues eso será".
Según fuentes oficiales aquí, las sanciones implican la pérdida de un millón 100 mil dólares para programas de capacitación de inglés, antiterrorismo y antinarcóticos, bajo el programa de asistencia militar conocido como IMET (educación y capacitación militar internacional), y otros 2 millones 500 mil dólares para equipo antiterrorista destinado a las fuerzas armadas mexicanas, bajo el programa de Ventas Militares al Extranjero.
La Corte Penal Internacional fue establecida en 2002 en La Haya con el propósito de penalizar a culpables de genocidio y otros crímenes contra la humanidad. Estados Unidos ha rehusado aceptar la jurisdicción del nuevo tribunal para sus ciudadanos, alegando que sus soldados y funcionarios podrían ser sujetos a procesos políticamente motivados en su contra.
El Congreso de Estados Unidos aprobó una ley hace cuatro años autorizando la suspensión de asistencia exterior a países que se sumen a la CPI sin establecer un acuerdo con Washington para eximir a ciudadanos estadunidenses de la jurisdicción de esa Corte. De acuerdo con el Departamento de Estado, 101 países han firmado estos acuerdos con Washington, 29 de los cuales han solicitado no ser identificados públicamente.
Unos 139 países son firmantes de la CPI, y otros 100 son ya parte de la instancia. De las naciones latinoamericanas integrantes de la CPI que han llegado a un acuerdo con Estados Unidos, se pueden identificar, según la lista oficial del Departamento de Estado, las siguientes: Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Bolivia, Nicaragua, Colombia, Antigua y Barbados, Belice, y Guyana.
Es bajo esta ley que México se convirtió en lo que algunas fuentes extraoficiales señalan como el decimosegundo país latinoamericano en ser sancionado (entre los aproximadamente 24 a escala mundial en esta lista), algo que se ha realizado siempre sin anuncio oficial público.