Deberá resolver si procede la solicitud de legisladores para investigar al gobernador
Prevé Azuela turnar el caso Cacho a otro ministro
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela, prevé turnar el expediente a un integrante del pleno, para que éste realice el trámite y determine si procede la solicitud presentada por las cámaras de Diputados y Senadores con el propósito de que el organismo investigue la presunta violación a las garantías individuales de Lydia Cacho por parte del gobernador de Puebla, Mario Marín.
De acuerdo con información obtenida en la SCJN, una vez que los legisladores amplíen la información requerida sobre estos hechos, Azuela, en lugar de resolver por sí mismo si procede la petición, considera turnar directamente el caso a uno de sus compañeros para que él siga el trámite, cuestión que si bien es legal, es poco utilizada porque generalmente es el ministro presidente o uno habilitado en funciones de presidente quien lleva a cabo este trámite.
Después de que hace unos días Azuela Güitrón emplazara al Congreso para que hiciera una investigación sobre el caso Lydia Cacho y que precisara a la Corte en qué consistía la solicitud de investigación, para que el máximo tribunal, con base en el artículo 97 constitucional, llevara a cabo la indagatoria de esos hechos, la postura del ministro presidente fue duramente criticada por diversos actores políticos y sociales.
Señalaron, entre otras cosas, que la petición de Azuela era "incongruente", porque el único facultado para investigar un delito es el Ministerio Público, y de manera excepcional, la SCJN cuando se haga uso del artículo 97 constitucional que faculta a esta instancia para investigar la presunta violación grave de garantías constitucionales.
Trascendió en la Corte que, con la finalidad de evitar un mayor desgaste de la figura del ministro presidente, éste comentó en privado a sus compañeros del pleno su intención de que una vez que las cámaras de Diputados y Senadores remitan la documentación que sustente la petición para que la Corte intervenga en el caso de la periodista Lydia Cacho, turnará -por estricto orden en la asignación de los asuntos- dicha documentación a un ministro, quien sería el encargado de elaborar el proyecto de dictamen sobre este tema.
Esa propuesta se votaría en el pleno y, en caso de ser aprobada, en la misma sesión se acordarían los límites de la investigación, se establecerían los alcances de la misma y se designaría la comisión de ministros que la llevaría a cabo.
La ventaja de que sea por esta vía, y no por un acuerdo del presidente de la Corte -que podría ser impugnado por los legisladores-, en caso de ser negativa la opinión de los ministros, de todas maneras el asunto sería revisado en ultima instancia por el pleno. Es decir, de acuerdo con la propuesta planteada por Azuela, la decisión sobre investigar los hechos señalados recaería directamente en el pleno, en el cual, por cierto, ha trascendido que hay opiniones divididas sobre la conveniencia de ejercer la facultad de investigación solicitada.