Ni gobierno ni empresa deben hacer la indagación, alertan
Preservar evidencia de hechos en Sabinas, demandan obispos
Proponen organismo externo auxiliado por uno de derechos
Proteger a familias de víctimas, pide diócesis de Saltillo
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Raúl Vera, obispo de Saltillo, durante una misa en la Basílica de Guadalupe
Foto: Guillermo Sologuren
La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPS) consideró que lo ocurrido en San Juan de Sabinas, Coahuila, "es un hecho más de la prolongada y pesada historia de muerte y sufrimiento que ha caracterizado el trabajo en las minas de carbón", por lo que exigió a las autoridades que sea una instancia "no desacreditada" ante la población la que realice las indagatorias de los sucesos en la mina ocho de Pasta de Conchos, que derivó en la muerte de 65 trabajadores.
En nombre del organismo de la Conferencia del Episcopado Mexicano, los obispos Carlos Talavera, Raúl Vera, Gustavo Rodríguez y Luis Artemio Flores advirtieron que para mayor satisfacción, las investigaciones deben ser responsabilidad de un organismo internacional, auxiliado por uno de derechos humanos, y exigieron que se preserve toda la evidencia contenida en la mina, "evitando colapsarla o sellarla".
Por separado, la diócesis de Saltillo condenó la negligencia de los dueños para renovar y mantener en buen estado el equipo, los espacios y los mecanismos de seguridad en las minas, y reiteraron la necesidad de indagar a fondo. "Es necesario que la persona misma, la vida y la dignidad de quienes laboran en la región carbonífera estén por encima de cualquier factor económico con los que hoy se mide la eficiencia de la producción en las empresas", señaló.
También solicitó respuesta urgente e inmediata para proteger los derechos de las familias de los accidentados y, de esa manera, asegurarles un futuro económico digno, acorde con la justicia. En específico, para la mujer pidió la aplicación de estrategias institucionales y comunitarias de apoyo humano, espiritual, jurídico, sicológico y educativo, "para superar patrones culturales que lastiman su condición, de modo que a la feminización de la pobreza no se añadan el dolor y la desgracia".
En consonancia, la CEPS se pronunció por que sean agentes externos (ni el gobierno ni los propietarios de minas) los que conduzcan las indagatorias, sobre todo porque los mismos trabajadores conocían las condiciones "deplorables y de inseguridad en que se les obligaba a trabajar, y ellos mismos las habían denunciado ya".
Hacemos un llamado, subrayaron, "a ésta y a todas las empresas mineras a reforzar la inversión en seguridad, cumpliendo la Norma Oficial Mexicana 123, para garantizar la vida de los trabajadores y el patrimonio de la propia firma, ya que la tragedia ha evidenciado el deterioro de la calidad del trabajo, expresado en salarios bajos, subcontratación, inseguridad, enfermedades profesionales no atendidas y más".