Difícil, que la Corte rehúse investigar el caso Marín
Las pruebas son endebles, según algunos ministros
Rechaza el tribunal la solicitud de asambleístas del DF
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación difícilmente podrá eludir la responsabilidad de intervenir e investigar la presunta grave violación de garantías individuales en perjuicio de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, ante la inusitada petición que le hacen las cámaras que integran el Congreso de la Unión.
De acuerdo con información recabada en el máximo tribunal, los ministros esperan que les sea remitida de manera oficial la solicitud legislativa, así como las pruebas documentales y testimonios que la fundamentan, aunque, trascendió, hay quienes consideran que las pruebas que se conocen sobre la intervención del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, en la presunta violación de garantías, no son contundentes, lo que pondría en duda la participación de la Corte en la indagatoria.
Ante la posibilidad de que las pruebas -que hasta el momento son fundamentalmente las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre el gobernador poblano y el empresario textil Kamel Nacif Borge, así como los testimonios de la periodista- no fueran consideradas contundentes por la mayoría, hay ministros que opinan que la Corte no puede ignorar la petición de la "soberanía popular", que es el Congreso, argumentando razones estrictamente jurídicas -basadas en el artículo 97 constitucional-, porque eso dejaría mal parado al máximo tribunal ante la sociedad en su conjunto.
En este contexto, se dice que ante la eventual decisión de aceptar la integración de una comisión para que indague las presuntas violaciones a las garantías de la autora del libro Los demonios del edén, el pleno tendrá que delimitar perfectamente los alcances de su participación y los límites de su dictamen definitivo, para no incurrir en crear falsas expectativas.
Las diversas pistas del asunto
Tampoco pasa desapercibido para los ministros que este caso se maneja en diversas pistas; es decir, por un lado la demanda que interpusieron diputados perredistas contra Marín ante la Procuraduría General de la República por cohecho, ejercicio indebido del servicio público, colusión de servidores públicos, abuso de autoridad, tráfico de influencias y los que resulten, y, por otro, las acciones que lleve a cabo el Senado, donde hay voces que piden desde el inicio juicio político contra el gobernador hasta la desaparición de poderes en Puebla.
Es decir, dijeron fuentes de primer nivel, en este asunto la Corte no será necesariamente la que diga la última palabra. Los ministros tienen presente lo que ocurrió en 1996, cuando investigaron, a petición del entonces presidente, Ernesto Zedillo, la matanza de Aguas Blancas.
La Corte determinó entonces que se habían violado gravemente las garantías individuales y se señaló de forma directa a los culpables -entre ellos el gobernador Rubén Figueroa Alcocer-, pero como el artículo 97 constitucional prevé únicamente que el informe final de los ministros sea entregado a la autoridad que solicitó la investigación, cuando el pleno envió los resultados a Zedillo éste los ignoró y en los hechos la indagatoria "no sirvió para nada".
Desde entonces el pleno demandó a los otros poderes que se elaborara una ley reglamentaria del artículo 97 constitucional, precisamente para evitar vacíos legales, como qué hacer con las conclusiones de la Corte y su alcance, porque en la actualidad éstas no son vinculatorias.
En razón de lo anterior, las fuentes comentaron que se descarta que, de aceptar la petición, los ministros aprovechen también para delimitar expresamente bajo qué condiciones el máximo tribunal hará uso de esta facultad extraordinaria de investigación en un futuro.
Una vez que el asunto sea entregado de manera oficial al máximo tribunal, su presidente, Mariano Azuela, deberá turnar el caso a un ministro para que éste elabore un proyecto -que acepte o niegue la petición- y sea votado en sesión pública por el pleno, el cual necesitaría seis de 11 votos para tomar una decisión.
Por la tarde, la Corte desechó por "notoriamente improcedente" la petición formulada el pasado viernes por el presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que los ministros investigaran la violación grave de las garantías individuales de Lydia Cacho.
El acuerdo de la presidencia de la Suprema Corte, en el expediente varios 313/2006, señala que los asambleístas capitalinos no están legitimados para hacer una petición de este tipo; únicamente funciona si la envía el Ejecutivo federal, la Cámara de Diputados o el Senado.