Usted está aquí: jueves 9 de febrero de 2006 Política Bribiesca presenta queja ante la CNDH por las indagatorias en San Lázaro

Se violaron derechos de legalidad, seguridad jurídica y presunción de inocencia, alega

Bribiesca presenta queja ante la CNDH por las indagatorias en San Lázaro

Los diputados "deberán reconocer públicamente" que no ha cometido delito alguno

ANGELES CRUZ MARTINEZ

Ampliar la imagen Alfonso Hernández y Enrique Ostos, abogados de Manuel Bribiesca, a su salida, ayer, de la CNDH Foto: Cristina Rodríguez

Manuel Bribiesca Sahagún presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por considerar que los diputados integrantes de la comisión que investigó la legalidad de los contratos y concesiones obtenidas por la empresa Construcciones Prácticas violaron sus derechos de legalidad y seguridad jurídica, debido proceso legal y presunción de inocencia.

Por medio del bufete Ostos, contratado apenas la semana pasada, el hijo de Marta Sahagún solicitó al ombudsman medidas cautelares para evitar que se realicen auditorías, que no se proporcione información de sus cuentas bancarias y que tampoco la Secretaría de la Función Pública inicie investigación alguna.

El abogado Enrique Ostos Garza, quien acudió ayer a la CNDH en representación de Bribiesca Sahagún, exhortó a los diputados a que si tienen las pruebas que acrediten la comisión de delitos por parte de su representado las presenten ante el Ministerio Público en una demanda penal formal.

La queja que el litigante entregó ayer en la CNDH afirma que los legisladores violaron el artículo 93 constitucional, que únicamente los faculta para investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, no así las actividades de un particular.

Se violó, dice el texto, el derecho de Bribiesca a la seguridad jurídica, a la certeza que todo ciudadano debe tener de que, ante la supuesta comisión de delitos, sólo puede ser investigado por el Ministerio Público.

También señala el "total y absoluto desconocimiento" de los diputados que plantearon que corresponde al MP abrir de oficio la averiguación correspondiente, cuando en realidad la actuación de esta instancia jurídica debe ocurrir sólo ante la presentación de una demanda formal, la cual, dijo el abogado, debieran iniciar los legisladores si tienen pruebas de los supuestos delitos que imputan a Bribiesca Sahagún.

El documento refiere que sin ningún fundamento legal se declaró la culpabilidad del hijo de la esposa del presidente Vicente Fox en tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita, con lo que se afectó el honor y buen nombre de Bribiesca Sahagún, y se expone a él y su familia al desprecio de la opinión pública.

En las 14 cuartillas que integran la queja se plantea que los diputados dieron a este caso un sesgo político. Al menos eso es lo que consta en sus señalamientos. A pesar de que un despacho privado pagado por la propia comisión legislativa determinó que Manuel Bribiesca, Gabriel Quesada, Miguel Angel Muñiz Rizo, Guillermo González Calderoni y Raymundo Collins no figuran como accionistas de la empresa Negromor SA de CV, la comisión legislativa prescindió de ese dato en su informe y, en cambio, "da por cierta una versión testimonial sin sustento".

Al asegurar que el hijo mayor de Marta Sahagún es culpable, los diputados también violaron el derecho a la presunción de inocencia que todo acusado tiene hasta que los tribunales, mediante sentencia firme, lo declaren responsable de los hechos que se le imputan, indica la queja.

Además de las medidas precautorias para evitar auditorías e investigaciones de la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretaría de la Función Pública, Bribiesca Sahagún solicitó la restitución del goce de sus derechos humanos, para lo cual los diputados miembros de la comisión especial "deberán reconocer públicamente" que Bribiesca y su familia "no son culpables de las conductas que les atribuyen; más aun, que no han cometido delito alguno".

De no hacerlo así, planteó el abogado, y si en cambio los representantes populares insisten en seguir "vulnerando los derechos de mi defendido, cometerían delitos por los cuales serían investigados y, en su caso, desaforados, consignados y juzgados".

 
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