Juez chileno examina documentos militares calificados de "altamente secretos"
Confirma la justicia el procesamiento de Pinochet por desaparición de tres opositores
Rechaza corte recurso para eximir al ex dictador de ir a juicio por amnistía o cosa juzgada
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Fotografía de archivo de Pinochet, en agosto de 2000 cuando asistía a misa en Santiago
Foto: Reuters
Santiago, 1º de febrero. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó hoy por unanimidad el procesamiento de Augusto Pinochet por la desaparición de tres opositores políticos durante la Operación Colombo, y rechazó un recurso de su defensa que pretendía eximirlo de ser sometido a juicio bajo el alegato de "amnistía" o "cosa juzgada".
La sexta sala del tribunal desestimó de este modo el argumento central de "razones de salud" en que se basaba la defensa que, como en otros juicios anteriores, insistía en el fallo de la Corte Suprema de julio de 2002 que sobreseyó el caso de la llamada caravana de la muerte por la "demencia subcortical leve moderada" que sufría.
En consecuencia, el juez Víctor Montiglio, que investiga la Operación Colombo, montaje de la policía represiva de la dictadura para encubrir una matanza de 119 opositores entre 1974 y 1975, está en condiciones de procesar al ex dictador (1973-1990) al menos por tres de esos casos.
La acusación es por ser coautor del secuestro calificado de Juan Carlos Perelman Ide y Héctor Garay Hermosilla, militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y del socialista Antonio Cabezas Quijada, caso que en su época la dictadura quiso hacer aparecer como una pugna interna de izquierdistas en el extranjero.
En la resolución, calificada por los abogados querellantes de "histórica" e "inaudita", se asienta que "agentes del Estado, al margen de potestades legales, privaron de la libertad y torturaron a personas de las que sólo se tuvo noticia a través de informaciones falsas de su muerte publicadas en Brasil y en Argentina".
Para el tribunal también quedó claro que estas acciones represivas no pudieron ser ejecutadas sin la aprobación del entonces gobernante de facto, como resultado del "alto nivel de control ejercido sobre la población, los opositores políticos y las mismas fuerzas armadas y de seguridad por el procesado Augusto Pinochet".
Del mismo, modo, concluyó que de los resultados de los exámenes médicos no se puede asegurar que Pinochet no esté en condiciones de comparecer ante la justicia. Recordó que Víctor Montiglio pudo recientemente tomarle declaración indagatoria en condiciones de normalidad.
El juez Carlos Cerda, quien investiga las millonarias cuentas secretas del ex dictador en el caso del banco Riggs, acudió por su parte en forma sorpresiva a las oficinas de la comandancia en jefe del ejército a fin de examinar documentos clasificados de "altamente secretos" que no pueden salir del recinto castrense, vinculados con Pinochet.
Aunque el magistrado sólo estuvo allí una hora y se abstuvo de dar informes sobre sus pesquisas, salvo que obtuvo la cooperación "total" de las autoridades militares, trascendió que su objetivo habría sido analizar documentos financieros relacionados con los contratos de ventas ilegales de armas a Ecuador.
El gobierno chileno dijo que esta diligencia se efectuó "en coordinación entre los órganos auxiliares de la justicia y el ejército; por tanto, no hay acción ni extraordinaria ni que merezca mayor comentario que el que de un trámite judicial".
Por otra parte, la justicia chilena desestimó una apelación de la nuera del ex dictador, María Soledad Olave, para no ser procesada por evasión tributaria. Aún siguen pendientes las apelaciones de procesamiento interpuestas por el resto de la familia de Pinochet por la misma causa tributaria.