Detenidos, siete sospechosos de ultimar al funcionario, a dos familiares y su secretario
Pide el gobierno de Veracruz a la PGR investigar el asesinato de un edil
Veracruz, Ver., 14 de enero. El cuerpo del edil de Ixtepec, Oaxaca, Neguid Tadeo Manríquez Madariaga, y los de otras cuatro personas asesinadas el viernes en esta ciudad permanecen en el servicio forense de la Universidad Veracruzana (UV), mientras la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) interroga a testigos y familiares de las víctimas.
Marco Antonio Aguilar Yunes, subprocurador regional de Justicia, manifestó que la dependencia agotará las diligencias que le corresponden y analiza turnar el expediente al gobierno de Oaxaca y a la Procuraduría General de la República (PGR), porque en el crimen se utilizaron armas de uso exclusivo del Ejército y de las Fuerzas Armadas. Las autoridades veracruzanas sólo actuarían como coadyuvantes, explicó.
Por el momento, agregó, se determinó que el edil y dos de sus colaboradores arribaron al puerto de Veracruz para reunirse con su padre y tío, Jorge Alberto y Carlos Erick Manríquez Ancona, quienes ya se encontraban aquí. Estos últimos, dijo, son comerciantes de ropa y línea blanca que tienen establecimientos en Juchitán y Salina Cruz, Oaxaca.
Los cadáveres permanecen en el Instituto de Medicina Forense de la UV, en Boca del Río, donde fueron reconocidos por sus familiares. Se espera que en las próximas horas se obsequie la orden para que sean entregados a sus deudos y trasladados hacia Oaxaca.
En tanto, siete personas originarias de Loma Bonita, Oaxaca, detenidas ayer por la policía de Boca del Río, permanecen en la sede de la Subprocuraduría Regional de Justicia. Fueron interceptadas cuando viajaban en una camioneta Durango, similar a la que describieron los testigos del asesinato del edil oaxaqueño y sus acompañantes.
Las versiones del crimen
En medios informativos locales se manejó la versión de que el homicidio habría obedecido a una venganza de los seguidores de César Toimil Roberts, dirigente del Consejo Regional Obrero, Campesino y Urbano de Tuxtepec, Oaxaca, quien fue ultimado en diciembre pasado, y Margarito Montes Parra, líder de la Unión General Obrero, Campesina y Popular. De acuerdo con esas versiones, el edil tenía relación cercana con el dirigente ugocepista.
Aguilar Yunes, el subprocurador de Justicia, declaró que no hay indicios de que el caso apunte a un ajuste de cuentas entre ambas organizaciones. Además, añadió, fueron interrogados familiares y personas allegadas al munícipe oaxaqueño, y sus declaraciones "no aportan muchas cosas".
En tanto, el gobernador Fidel Herrera Beltrán solicitó formalmente a la PGR que ejerza la facultad de atracción del caso, toda vez que "la ejecución fue con tanta precisión que hace presumir que la delincuencia organizada participó en esto".
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Reynaldo Escobar Pérez, manifestó que Herrera Beltrán habló esta mañana con Daniel Cabeza de Vaca, titular de la dependencia federal, para hacerle la petición.
También se comunicó con José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, dependencia que ya está haciendo las gestiones pertinentes para atraer el caso, indicó Escobar Pérez. Añadió que eso se le notificó hoy al gobierno de Oaxaca, y "allá también están interesados en que así ocurra".
Por otra parte, en Michoacán, fuentes no oficiales de la localidad de Coahuayana revelaron que los nueve presuntos traficantes de cocaína que detuvo la Armada de México en días pasados en los límites de Michoacán y Colima eran indígenas nahuas de las comunidades Coire y Pómaro, municipio de Aquila.
Mario Sánchez García, Domingo López Rivera, Jorge Hernández Chávez, Darío Alvarez Márquez, Mauricio Martínez Silva, Isaías Murillo Fuentes, José Martínez Silva, Nazario Olivera de Padua y Juan García López fueron detenidos en alta mar cuando transportaban aproximadamente cinco toneladas de cocaína en tres lanchas. Fueron entregados a la PGR, que los confinó en una cárcel de Colima acusados de delitos contra la salud.