Ante el éxodo de los hombres deben trabajar las parcelas para mantener a sus familias
21% de campesinas, con derecho legal sobre su tierra
En el último decenio del siglo XX, la migración de hombres y jóvenes del campo dejó pueblos habitados prácticamente sólo por mujeres, menores de edad y ancianos, y aunque las esposas de los migrantes redoblaron esfuerzos para generar mayores ingresos para sus familias, con la confección de prendas de vestir, tejidos y artesanías, sus condiciones económicas no mejoraron y ahora se hacen cargo también de la parcela, aunque no tengan los derechos legales.
En el estudio Género y tenencia de la tierra en el ejido mexicano: ¿la costumbre o la ley del Estado?, Verónica Vázquez García apunta que del total de personas que han accedido al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), 309 mil son mujeres, lo que representa 21 por ciento de la población, mientras 54.50 tienen calidad de ejidatarias, 8.5 son posesionarias y 37 por ciento avecindadas.
La mayoría de las que poseen certificados agrarios ya no trabajan la tierra debido a su edad: 62 por ciento superan los 50 años y 28 por ciento tienen más de 65. Además, sólo 27 por ciento se declararon agricultoras, mientras 60.3 dijeron ser "amas de casa". Así, la población del sexo femenino ha recibido derechos sobre 3.7 millones de hectáreas, que representa únicamente 14 por ciento de la superficie certificada; 65 por ciento de ese total son tierras de uso común y solares urbanos, parcelas con destino específico y parcelas de grupo, y sólo 35 por ciento de la tierra que han recibido las mujeres corresponde a parcelas con título individual.
Además, 52.9 por ciento de las mujeres tienen menos de cinco hectáreas y sus parcelas son de 2.7 hectáreas, en promedio, lo que representa una hectárea menos que los hombres.
Aunque el aumento de la migración ha hecho más visible la feminización de la agricultura, la atención y el apoyo que reciben esas mujeres son insuficientes. Con o sin tierra, las campesinas requieren capacitación, participar en las decisiones que les atañen, desarrollar actividades económicas que les generen ingresos y un mejor nivel de vida para sus familias.
De los 25 millones de habitantes en las zonas rurales, la cuarta parte son mujeres. Las entidades con mayor población femenina son Veracruz, Chiapas, Oaxaca, estado de México y Puebla; fenómeno contrario presentan Baja California Sur, Colima, Quintana Roo y el Distrito Federal.
El Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag) es uno de los pocos que tiende a impulsar la generación de ingresos en beneficio de esas campesinas y sus familias mediante el otorgamiento de recursos y capacitación necesarios para sus proyectos. Tiene como meta el desarrollo de unidades económicas integradas por población femenina, su organización para el consumo, producción y comercialización de productos y servicios en los núcleos agrarios.
Datos acumulados hasta 2004 establecen que de las 20 mil solicitantes del Promusag, la mayoría terminó la primaria, 18 por ciento la secundaria, 15 por ciento no tuvieron ninguna escolaridad y 26 por ciento hablan diferentes lenguas indígenas. Las edades de 58 por ciento de éstas iban entre 18 y 40 años, 9.2 por ciento eran adultas mayores y 57 por ciento eran jefas de hogar, cifra en la que posiblemente se incluyeron mujeres con maridos migrantes, aunque los datos no son precisos al respecto.
Según informes de la Sagarpa, 95.5 por ciento de 8.7 millones de mujeres de 12 años y más se dedican a las labores domésticas, y de 100 campesinas que realizan dichas actividades, 60 lo hacen de manera exclusiva, 27 la combinan con otros trabajos remunerados o sin pago, 12 estudian y realizan las tres actividades, y la mayoría combina la labor doméstica con las actividades económicas.