Confusa, reforma a la Ley General de Salud, señalan
Farmacéuticas piden claridad en la legislación
Durante los pasados 10 años, los precios de los medicamentos del cuadro básico del sector salud han aumentado entre 2 y 3 por ciento, proporción inferior al incremento que en ese periodo han tenido la inflación y el salario mínimo. De ahí que la reforma al artículo 31 de la Ley General de Salud aprobada por los diputados el jueves es confusa, carece de lógica y, en cambio, refleja el desconocimiento con que se legisla en San Lázaro, afirmó Rafael Gual, director general de la Asociación Mexicana de Investigación de la Industria Farmacéutica (AMIIF).
Señaló que la iniciativa propuesta por la diputada priísta Martha Palafox genera una falsa expectativa entre los laboratorios de que podrán vender sus productos al sector público a un mayor costo. Actualmente estos precios están muy por debajo de los precios que se cobran en el mercado privado de medicamentos, y en algunos casos, incluso, los laboratorios participan en las licitaciones sólo para que sus productos "tengan presencia" en las unidades médicas, pero no porque representen grandes ganancias, indicó.
No obstante, dijo, es claro que las instituciones de salud, entre ellas el Seguro Social, rechazarían cualquier posibilidad de subir los precios de los fármacos.
Para el representante de los principales laboratorios trasnacionales que operan en México, los legisladores no tienen claridad sobre los conceptos que utilizan en los proyectos de reforma, además de que incurren en "absurdos como modificar dos veces en una semana el mismo artículo 31 de la Ley General de Salud". Resulta, entonces, que el Senado ha recibido dos minutas distintas sobre el mismo tema, a partir de las cuales deberá determinar lo procedente.
El problema radica en que el proyecto de reforma presentado el 8 de febrero de 2005 -y que según Gual ya había sido discutido y rechazado por los representantes de la industria y los diputados- utiliza conceptos incorrectos.
El término "cuadro básico de medicamentos" no existe en el mercado privado, por lo que de entrada es imposible aplicar un mecanismo de control, en contra del cual, además, ya se han pronunciado los directivos de la industria farmacéutica. Han dicho que esquemas de este tipo quedaron rebasados en el país por su ineficacia y burocratismo, que únicamente generaba el desaliento de los inversionistas y dificultaba el acceso a medicamentos de calidad y comprobada eficacia terapéutica.
Pero si la iniciativa se refiere a los productos que los laboratorios venden al sector salud, "entonces significa que se podría vender con base en precios que no rebasen el salario mínimo, lo cual nos beneficiaría", dijo Gual.
Aseguró que esta nueva modificación del artículo 31 de la Ley General de Salud, con la aprobada el primero de diciembre pasado, y la del 77 de la Ley de Propiedad Intelectual, violan los tratados internacionales suscritos por México. Ello porque a partir de la apertura comercial y la firma de acuerdos con otros países, México ha aceptado las reglas del libre comercio y está comprometido con el respeto del derecho de patente y explotación de los productos innovadores.
El cambio introducido por los diputados al artículo 77 de la Ley de Propiedad Intelectual incluyó el "desabasto de medicamentos" entre las causales para determinar una emergencia sanitaria en el país que facultaría al gobierno, en particular al Consejo de Salubridad General, a otorgar licencias de utilidad pública a otros laboratorios para producir aquel medicamento que no estuviera disponible para atender la urgencia ocasionada por alguna epidemia grave.
Gual advirtió que de ocurrir una situación de este tipo, con base en la ley vigente, las autoridades deben seguir un procedimiento para solicitar el consentimiento del laboratorio propietario de la patente del producto en cuestión, y tener la certeza sobre la incapacidad de dicha empresa para atender la demanda. Sólo en esas condiciones procedería el otorgamiento de las licencias de utilidad pública. La reforma propuesta por los diputados para incluir el desabasto de medicamentos como causa de emergencia nacional deja la puerta abierta a la discrecionalidad y a la posibilidad de que a partir de condiciones artificiales se haga uso de este mecanismo, opinó el directivo de AMIIF.
Con base en lo anterior, la industria farmacéutica confía en que los senadores efectuarán un trabajo serio y razonado de las reformas aprobadas en San Lázaro. De hecho, comentó Gual, los empresarios ya han sido invitados por los senadores para escuchar sus puntos de vista, "que es lo único que queremos", apuntó.