"La lucha apenas comienza", dicen los cooperativistas
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Sociedad Cooperativa de Pascual es "ilegal", porque se trata de una decisión "política", no apegada al estado de derecho, que desconoció el cooperativismo como forma de organización laboral y "quiere borrar la historia de esta lucha", sostuvo el consejo de administración de la refresquera.
Luego de conocer la decisión de la Corte, directivos de la cooperativa advirtieron que "la lucha apenas comienza", y adelantaron que llevarán sus acciones a las instancias internacionales.
En los próximos días los trabajadores comenzarán pláticas con el Gobierno del Distrito Federal e iniciarán una estrategia de movilización social con un plantón el 22 de noviembre frente a la Cámara de Diputados, a la que invitarán a organizaciones civiles, según adelantó el presidente del consejo de administración, José Luis Ruiz Cerda.
Resistencia en el extranjero
Eduardo Miranda Esquivel, cabeza del equipo de abogados de Pascual y presidente de la Unión Nacional de Juristas, indicó que la resistencia trascenderá las fronteras del país.
Indicó que presentarán de inmediato una queja ante la OIT y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de exigir que se revoque la decisión.
Los cooperativistas recibieron el apoyo de organizaciones, como el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Frente Sindical Mexicano, la Unión Nacional de Trabajadores, la Alianza Cooperativista Nacional, el STUNAM, trabajadores de la industria nuclear, Ruta-100 y los Pancho Villa, entre otros, quienes expresaron su decisión de "luchar juntos".
Las organizaciones se comprometieron a integrar un comité de defensa de la cooperativa, cuyas primeras tareas serán la movilización, el bloqueo de dependencias federales, como la Secretaría de Gobernación, y la conformación de cadenas humanas y guardias en la refresquera para impedir un eventual desalojo por parte de la Policía Federal Preventiva.
Miranda explicó que plantean solicitar una medida provisional para suspender cualquier desalojo, pues los daños que se ocasionarían a la cooperativa y sus trabajadores serían "irreparables".