Daño patrimonial al organismo por 15 millones de pesos
Ex presidente del tribunal electoral ocultó irregularidades
El 23 de noviembre de 2001, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contrató de manera discrecional la adquisición de un sistema informático de administración de recursos denominado Sargof, que tuvo un costo de 15 millones de pesos; sin embargo, ese equipo resultó un fracaso.
Funcionarios del TEPJF aceptan que "ese dinero fue tirado a la basura", porque nunca se justificó su compra.
El entonces presidente del tribunal, Fernando Ojesto Martínez Porcayo, conoció los hechos y recibió indicaciones de la Coordinación General de Evaluación Financiera para mitigar en lo posible la gravedad del asunto. Empero, ni la Comisión de Administración del TEPJF ni Ojesto consignaron el caso ante los órganos de control correspondientes, lo que derivó en que hasta la fecha ningún funcionario haya sido consignado penal o administrativamente por dicha compra que, además de onerosa, era innecesaria.
De acuerdo con el informe de la Coordinación General de Evaluación Financiera del TEPJF, fechado el 14 de febrero de 2003, dirigido al entonces presidente del tribunal, Ojesto Martínez Porcayo, la adquisición del sistema evidenció elementos suficientes para que actuara la contraloría interna del tribunal, cosa que no ocurrió.
De acuerdo con el documento, que está en poder de La Jornada, hubo "precipitación" de la Dirección de Sistemas y la Secretaría Administrativa del tribunal para proponer la "contratación urgente" de un sistema de información de administración de recursos humanos, con lo que se violó la normatividad, ya que el servicio se contrató por "invitación restringida" en lugar de licitación pública.
Aunque el documento evita responsabilizar a la Comisión de Administración -integrada por el presidente del tribunal, Ojesto Martínez, el magistrado Mauro Zapata, y los entonces consejeros de la Judicatura Federal Sergio Valls (actualmente, ministro de la Corte), Manuel Barquín y José Guadalupe Torres Morales-, bajo el argumento de que fue la Secretaría de Administración la que aprobó la contratación, fuentes judiciales señalaron que una compra de tal magnitud tuvo que ser aprobada necesariamente por la comisión.
El escrito añade que el diseño del sistema informático se basó en un estudio elaborado por "Pricewaterhousecooper", que propuso implementar "un sistema informático integral para conectar todas las áreas que trabajaban en forma aislada dentro del TEPJF"; sin embargo, el documento subraya que dicha recomendación "no implicaba necesariamente contratar servicios externos para su instrumentación, sino que era preferible explorar la solución con el apoyo de recursos propios".
Asimismo, el acta de la 55 sesión ordinaria de la Comisión de Administración, celebrada el 10 de octubre de 2001, da cuenta de que se optó por una "invitación restringida", que resultó "muy costosa para el tribunal (por los 15 millones de pesos) por no apegarse legalmente al proceso de licitación pública".
Ante la irregularidad en la contratación, la Coordinación General de Evaluación Financiera planteó a Ojesto Martínez solicitar la intervención de la contraloría interna para que deslindara responsabilidades.
El documento menciona también que el proceso de "invitación restringida" presentó algunos cuestionamientos en su transparencia y equidad, "dando la impresión de que fue inducido en todo su desarrollo para favorecer a la empresa ganadora, BPM de México. Además de que el tribunal no aplicó ninguna penalización a dicha compañía, pese a que incurrió en incumplimiento de contrato, "y por si ello fuera asunto menor, todavía se les amplió el plazo para renunciar o evitar de plano su sanción".
Ante estos acontecimientos, la Coordinación General de Evaluación Financiera estableció: "todo parece indicar que hubo negligencia, mala fe u omisión de algunos servidores públicos", al causar un aparente daño patrimonial al tribunal.
El escrito, firmado por el entonces coordinar de Evaluación Financiera, Carlos Manuel Aguirre Gutiérrez, y dirigido a Ojesto Martínez Porcayo, señala "recomendaciones de carácter general en apoyo del presidente magistrado".
"Es recomendable que este documento y sus anexos se envíen oficialmente al contralor interno del TEPJ, dándole a conocer los resultados que reportó la coordinación en la revisión de la adquisición de un sistema de cómputo personalizado para la administración de recursos denominado Sargof, con el objetivo de que valide las observaciones y proceda a deslindar responsabilidades a que haya lugar. Esta acción protegerá al presidente magistrado por haber tomado medidas correctivas y disciplinarias a partir de que tuvo conocimiento integral del caso, atenuando posibles señalamientos de responsabilidad que se presenten a futuro."
A manera de conclusión, el reporte da cuenta de las medidas correctivas que se debían implementar de diciembre de 2002 a junio de 2003, y concluye que "es de suma importancia finiquitar a la brevedad este proyecto como mínimo en la primera fase, ya que una observación generada en una auditoría por el atraso del proyecto sería menos grave que si la observación va acompañada con que la aplicación no está utilizada o si ésta no se abortó en el tiempo razonable y con correspondiente deslinde de responsabilidades".