Usted está aquí: jueves 15 de septiembre de 2005 Política Hacia un proyecto alternativo

Sergio Zermeño

Hacia un proyecto alternativo

Un proyecto alternativo al neoliberal requiere de propuestas y equilibrios logrados en los ámbitos de la sociedad y del Estado en busca de una nueva equidad. En efecto, hoy parece claro que es necesario reconstruir al país "desde abajo", pero no nada más hasta abajo, no nada más desde y para los más pobres y no nada más a partir de organizaciones e individuos dispersos. Hoy parece claro, por toda una serie de experiencias y propuestas consistentes, que es necesario arrancar con esa tarea a partir de los territorios regionalizados fortaleciéndolos y reconstruyéndolos (y a veces construyéndolos simplemente). Hay que llevar adelante un trabajo de confluencia de las condensaciones sociales que existen y se han generado a lo largo del tiempo en espacios medios territorializados como pueden serlo una cuenca, una región cafetalera, una coalición de ejidos, una subdelegación urbana y esa infinidad de espacios que son resultado de una construcción histórica, material y cultural de sus habitantes y a los que sus habitantes entienden pertenecer. Unos tendrán 30 mil habitantes, otros 200 mil: serán siempre más grandes que el encierro localista y más pequeños que las circunscripciones manejadas desde los poderes centrales, burocráticos y separados de sus pobladores, porque el objetivo es que sean esos pobladores quienes logren control sobre su territorio. Lo importante es empujar hacia una articulación, un asociacionismo, y no hacia un divisionismo o una focalización de los actores colectivos y las organizaciones en cada uno de esos espacios regionales: asociaciones civiles, educativas, laborales, religiosas (también empresariales en su justa articulación), universidades, organismos gubernamentales municipales (obligadamente), y estatales y federales (pero comprometidos con el espacio regional), etcétera. Desde lo local regional es posible plantearse la mitigación de desigualdades e injusticias extremas, la apropiación justa de la riqueza y de los recursos de las regiones, plantearse con cierto realismo la lucha contra las desigualdades de género, la conservación del medio ambiente, etcétera.

Pero al lado de los asuntos de la justicia social en el plano regional están los asuntos referentes al equilibrio entre la ciudadanía y los aparatos gubernamentales y burocráticos, sobre todo en una cultura estatal como la nuestra. Es necesario bajar el horizonte en el que están siendo invertidos los pocos recursos y la poca riqueza que producimos. No es posible que el estamento buro-político se apropie de una parte tan desproporcionada de nuestros recursos. No es posible que con el pretexto de transitar hacia la democracia se vayan a gastar, en el año 2006, 13 mil millones de pesos (el equivalente al presupuesto de la UNAM), y que ese dinero se quede en el altísimo nivel de las burocracias partidistas y las dos empresas que monopolizan los medios electrónicos de comunicación; no es posible que cada voto en México cueste 200 pesos mientras en Japón cuesta 60 pesos, 40 en Costa Rica y Francia y cinco en Chile; no es posible que cada burócrata atienda en México a sólo 71 mexicanos mientras en Argentina atiende a 201, en Estados Unidos a 147 y en España a 93; no es posible, en fin, que tanto dinero se invierta en las intermediaciones burocráticas, en los sueldos estratosféricos de los influyentes, los ilustrados, los profesionales, y se desvíe en las corruptelas de los sectores privilegiados, y que tan pocos recursos lleguen realmente a las comunidades y a las regiones de nuestro país. En eso también se necesita un cambio drástico.

La tercera cuestión, no cabe duda, será fortalecer nuevamente la autoridad y la capacidad de decisión del Estado. Por qué Corea y Japón cerraron sus fronteras cuando consideraron necesario proteger este o aquel renglón de la agricultura, de la industria, de la competencia tecnológica; por qué Chile consideró que su principal empresa, el cobre, debía permanecer en manos del Estado y no ser privatizada; por qué nosotros, con el pretexto de la democratización, el achicamiento y la no intervención estatal, hemos renunciado a todo acto de autoridad y de soberanía.

Así pues: 1) reconstrucción de la autoridad estatal con, 2) fortalecimiento de la sociedad en espacios medios territorializados y, 3) empleo más equitativo de los recursos, de manera de hacerlos llegar más abajo y más eficazmente. Sin duda los Cincuenta Puntos del lopezobradorismo se concentran en esto último, pensando también en la autoridad estatal, aunque olvidando completamente a la sociedad, que no pinta sino como comité electoral, atomizado receptáculo de subsidios o masa de maniobra estatal; por su lado, a la propuesta zapatista le da simplemente horror pensar en lo gubernamental y lo estatal; mientras al foxipanismo no le importa ni la sociedad, ni el Estado, y menos la equidad y la justicia; y el PRI, en fin, al no plantearse ningún programa, nos confiesa que lo irá moldeando a la medida de sus intereses, que son pura politiquería.

 
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