El Centro Pro condena la criminalización de la pobreza
Los indígenas, "carne de cañón" del narco: Cencos
Reconocer que la pobreza es la causa principal por la cual la mayor parte de los indígenas que están en prisión son acusados de delitos federales es dar un paso adelante, señalaron organizaciones de derechos humanos, las que subrayaron que para que eso "no quede en palabras se deben emprender acciones concretas" para subsanar la situación, pues en entidades como Oaxaca "más de 60 por ciento de los indígenas recluidos no han tenido un debido proceso".
Eréndira Cruz Villegas, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), organismo civil que desde hace 40 años trabaja en la defensa de garantías individuales, señaló que las declaraciones del subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Mario Alvarez Ledesma, son "aplaudibles", pero indicó que la "discrecionalidad" en la impartición de justicia es "un problema toral que desde hace mucho hemos venido denunciando. Sabemos que los indígenas pobres son carne de cañón", especialmente cuando se trata de asuntos de narcotráfico.
Cruz Villegas destacó que hay una "falta de armonización entre las leyes locales y las federales", y agregó que se debe realizar una "reforma estructural" para que se ponga fin a esta situación. Llamó a que se emprendan acciones para atender este problema, porque hay "casos emblemáticos, como el de los Loxichas en Oaxaca, el cual está atorado".
Eduardo Reyes Lara, integrante del programa de monitoreo y análisis del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez planteó que el problema real no es la miseria de los indígenas, sino la "criminalización de la pobreza" por la "PGR y militares".
En entrevista, puntualizó que de "diciembre de 2000 a abril del año antepasado, 98 por ciento de los detenidos por delitos contra la salud eran pequeños agricultores, jornaleros o comercializadores de poca monta, mientras sólo 131 fueron mandos medios y líderes de cárteles de la droga".
Agregó que el hecho de revisar los expedientes para determinar excarcelaciones o preliberaciones es "positivo", pero consideró que "no es más que un paliativo frente al problema de fondo. Pueden revisar expedientes y liberar personas, pero si siguen actuando con la misma lógica de criminalizar la pobreza dentro de un tiempo encarcelarán a otros tantos indígenas".
David Peña, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, afirmó que en la mayor parte de los casos los factores determinantes para que haya desigualdad en los juicios es el hecho de que los indígenas "no tienen acceso adecuado a intérpretes; que las leyes de protección al ambiente no cuentan con salvedades en los territorios donde los pueblos indios históricamente han administrado los recursos naturales, y la escasez de recursos económicos, lo que los orilla a sembrar estupefacientes. Esto último motiva la discrecionalidad en la aplicación de la ley, porque se detiene sólo a los pobres y no a los narcotraficantes".
Cuestionó que gran cantidad de indígenas sean juzgados por delitos como el "robo famélico (robo por hambre)" y subrayó que sólo en pocos estados los códigos penales incluyen "atenuantes" para estos casos.