La ciudadanización electoral en peligro
La ciudadanización de los institutos electorales está amenazada, la credibilidad y la calidad de los próximos procesos electorales que culminarán con los comicios presidenciales podría verse enturbiada por la debilidad de los árbitros. Gobiernos locales y partidos políticos han venido vulnerando la autonomía y, por tanto, la imparcialidad de las estructuras electorales, minando la confianza de la sociedad y de la opinión pública en dichos órganos.
Las reformas electorales de 1988, 1994 y 1996 dotaron a las instancias electorales de mayor autonomía. Los institutos se desgubernamentalizaron al desaparecer, por ejemplo, la figura del secretario de Gobernación como presidente del consejo general del Insitituto Federal Electoral (IFE); desaparecen también los consejeros magistrados, que son sustituidos por consejeros ciudadanos elegidos por el Congreso. Asimismo, cada partido político designa a su representante en el IFE, formando parte del consejo con voz, aunque sin voto. Los votos los tienen los consejeros electorales a quienes se pide profesionalismo, imparcialidad, apego a la legalidad y autonomía. Dichas reformas llevaron a la profundización de la ciudadanización y al paulatino establecimiento de una normatividad electoral compleja, llena de candados, que respondió eficazmente a los procesos electorales. Sin embargo, hoy los focos rojos ya no están en la forma de emisión del voto, sino en la cantidad de dinero no declarado en las campañas y precampañas, así como en las relaciones poco claras entre los partidos en contienda con los medios de comunicación, especialmente electrónicos.
Los procesos electorales por sí mismos para nada garantizan la validez de un auténtico régimen democrático. La historia muestra que regímenes autoritarios bien pueden convivir con mecanismos electorales bajo la simulación. En México el sistema electoral se definió durante décadas por privilegiar a un solo partido político en detrimento de la equidad de la contienda, la imparcialidad y, por tanto, en la credibilidad en los procesos electorales. Por ello, el factor ciudadano ha contribuido no sólo a dotarlo de legitimidad a los procesos, sino a que las elecciones sean un factor de fortalecimiento de la democracia en sí mismas, libres y democráticas.
La ciudadanización no sólo quiere decir que los organismos encargados de preparar y organizar las elecciones estén dirigidos por ciudadanos, sino que la institucionalidad de los órganos electorales esté centrada en consejeros electorales autónomos de los partidos políticos y de los gobiernos. Este proceso había implicado una clara división del trabajo entre los consejeros ciudadanos que asumen la dirección y la imagen pública del IFE y los órganos ejecutivos, encargados de operar las decisiones tomadas por aquéllos. Se construyen así órganos colegiados, en los cuales los partidos defienden y aportan su postura e intereses. Esa división del trabajo había demostrado ser eficiente para realizar las transformaciones que el país demandaba, conducir los procesos electorales y generar la confiabilidad necesaria entre la sociedad. Somos conscientes de que el concepto es polémico; ¿quién no es ciudadano? También se debe reconocer que la fragilidad de las organizaciones de la sociedad civil ha contribuido a no formar ciudadanos interesados en participar en procesos electorales. El altruismo y la filantropización de cientos de organizaciones sociales han contribuido a estigmatizar lo político y lo electoral como un factor negativo, alejando la participación ciudadana de procesos que exigen vitalidad.
No obstante, en los últimos años se ha presentado un fenómeno regresivo. Su origen data de los procedimientos y acuerdos tanto para el establecimiento de los consejos como para la designación de consejeros en términos de reparto de cuotas de poder. Aparecen los consejeros de consigna, es decir, consejeros "ciudadanos" que para decidir consultan a los gobiernos locales o a los partidos. Reciben línea, pues.
La nota de Erika López (Enfoque, 28/8/05), aunque con grandes imprecisiones, al menos en lo que se refiere al estado de México, revela que poco más de 90 por ciento de los consejeros ciudadanos tienen de alguna forma vínculos e inclinaciones por algún partido político, según testimonios de los propios representantes partidarios. Otro fenómeno, no menos complejo, en las organizaciones electorales es la aparición de operadores políticos en el interior de las estructuras ejecutivas, sembrando sospechas en la organización logística de los comicios. Dichos operadores pueden ser sistémicos y reportan a los gobiernos locales y al partido en el poder.
Los institutos electorales no deben politizarse ni los consejeros asumir los intereses de ningún partido político. Se convierten en un malo y frágil apéndice del sistema político, perdiendo autonomía y autoridad. Por el contrario, afirmar la ciudadanización de los institutos, que no es su despartidización, debe ser concebida como un sano contrapeso fundamentado en la legalidad. Lo contrario podría llevarnos al retorno de las sospechas extremas y las desconfianzas sobre la imparcialidad los órganos electorales. Los institutos electorales podrían convertirse en nuevos focos rojos que hagan muy complejos los procesos y resultados electorales. El estado de México para nada escapa a este conjunto de circustancias y de preocupaciones. Está latente una disfuncionalidad; por ello es necesaria la madurez de todos los actores políticos para blindar a los institutos y trabajar con acciones concretas y medidas correctivas como las aportados por Jesús Cantú; de no hacerlo podríamos lamentarlo.