Más recursos, agentes y centros de detención, entre las nuevas disposiciones
Presionado, Bush refuerza el control fronterizo; elude la reforma migratoria
Nueva York, 30 de agosto. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, interrumpió sus vacaciones esta semana para pronunciar discursos en Arizona y California, en los que propuso establecer mayor control en la frontera con México, pero guardó silencio sobre su propuesta de reforma migratoria, como respuesta a las crecientes críticas por la inseguridad fronteriza y la "crisis" de la inmigración indocumentada.
Aunque no mencionó las declaratorias de emergencia impuestas por los gobernadores demócratas de Arizona y Nuevo México hace dos semanas, los llamados para que California hiciera lo mismo ni las críticas de fuerzas antimigrantes -que han denunciado la falta de control fronterizo-, Bush se vio obligado a aceptar el desafío político. "Entiendo los retos de asegurar nuestra frontera", manifestó en Rancho Cucamonga, California, esta semana. "Mi compromiso con el pueblo de California es que el gobierno federal trabajará cercanamente con los gobiernos estatal y local para otorgar bienes, personal y espacios de detención para cumplir nuestro deber; esto es, asegurar que la frontera sea segura."
En Arizona, el presidente expresó ayer que su gobierno trabaja "duramente" en la tarea de control fronterizo, y reconoció que "hay más cosas que podemos hacer". Dijo que había hablado con su secretario de Seguridad Interna, Michael Chertoff, sobre el asunto, y "habrá más recursos disponibles, tendremos más gente en la frontera. Habrá más espacios de detención para asegurar que quienes sean capturados intentando ingresar ilegalmente a nuestro país puedan ser detenidos". Agregó: "es importante que la gente de este estado entienda que sus voces se están escuchando en Washington".
Aunque el tema oficial de su gira era otro -la reforma al sistema de asistencia de salud para los ancianos-, el hecho de que el presidente tuviera que abordar el asunto fronterizo y migratorio constató que la maniobra de los gobernadores Bill Richardson, de Nuevo México, y Janet Napolitano, de Arizona, de declarar emergencia en los condados fronterizos de sus entidades, además de presiones de políticos de California para que ese estado haga lo mismo, han logrado colocar al gobierno de Bush a la defensiva en la cuestión migratoria.
En esta coyuntura, el presidente optó por no mencionar su estancada propuesta de reforma migratoria, no hizo ninguna referencia a su retórica rutinaria sobre la contribución de los migrantes al país ni a la necesidad de un programa de trabajadores huéspedes, limitándose así sólo al tema de la seguridad fronteriza.
El debate en torno de la situación fronteriza ha llegado a nuevos niveles por las acciones de políticos de ambos partidos en los estados fronterizos y, por otro lado, nutrido por las acciones y denuncias de agrupaciones antimigrantes, como el Minuteman Proyect. La falta de respuesta federal, así como de un acuerdo con México, ha dejado un vacío político que ahora está cada vez más manipulado por varios actores regionales.
Chertoff ya había intentado responder a esta controversia hace una semana prometiendo, en términos muy vagos, mayores medidas -entre ellas, ampliar la capacidad de los centros de detención, destinar más agentes de seguridad y mayor coordinación con autoridades estatales en la frontera- en el esfuerzo por "asegurar" la frontera. La ola de violencia en algunas ciudades fronterizas mexicanas ha nutrido aún más a los críticos antimigrantes de este lado.
A la vez, el hecho de que dos figuras demócratas -los gobernadores de Nuevo México y Arizona- y otras de California hayan intensificado sus críticas contra el gobierno federal resulta para algunos un ataque oportunista para proyectar al gobierno de Bush como "débil" en el tema. Sin embargo, Richardson y Napolitano han dicho que no son antimigrantes, sino que únicamente están señalando la falta de acción del gobierno federal en un problema que no se puede resolver a nivel estatal pero cuyos costos se concentran ahí.
De hecho, Richardson declaró en entrevista por televisión que favorecía la propuesta de reforma migratoria promovida por los senadores John McCain y Edward Kennedy, cuyos elementos contemplan tanto un programa de trabajadores huéspedes como mecanismos para la "regularización" de indocumentados. Richardson aseveró a ABC News que hay que "encontrar una manera para otorgar a los 11 millones (de indocumentados) una manera realista para salir de las sombras, para ganar su legalización", al hablar sobre su apoyo al proyecto de ley.
Los Angeles Times opinó en un editorial publicado el 18 de agosto que, "con sus declaraciones de emergencia, Napolitano y Richardson han subrayado los costos regionales de la inmigración ilegal. Pero es un tema que desafía soluciones locales. Sólo una política nacional sensata puede resolver los problemas fronterizos en Nuevo México y Arizona".
Por su parte, el Foro Nacional sobre Migración -red nacional de grupos en favor de una reforma migratoria- expresó hoy que "las declaraciones de emergencia han agregado ímpetu y urgencia al debate. Los gobernadores Napolitano y Richardson, junto con las comunidades migrantes y los estadunidenses que están en favor de la enmienda, desean ver un sistema de inmigración realista y justo. Ya es hora de que el Congreso se dé cuenta de ello y promueva la reforma".
Sin embargo, a pesar de que gobernadores, medios, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y otras poderosas fuerzas están de acuerdo en la necesidad de una reforma, por el momento los grupos antimigrantes parecen estar definiendo los términos del debate. Han logrado cambiar el enfoque sobre la enmienda migratoria, que acepta la necesidad y contribución de los inmigrantes, a uno que se limita a la óptica de la seguridad fronteriza. Ello parece quedar comprobado cuando el propio presidente, en esta coyuntura, no se atreve a hablar de enmiendas, sino únicamente de más centros de detención, más agentes y más "control" en la frontera entre México y Estados Unidos.