Usted está aquí: miércoles 31 de agosto de 2005 Política Mayor protección a periodistas en México, demanda la OEA

El gobierno debe redoblar esfuerzos: Eduardo Bertoni

Mayor protección a periodistas en México, demanda la OEA

ELIZABETH VELASCO C.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) no ha recibido aún información que reporte avances sustantivos en torno a las investigaciones que autoridades judiciales de México efectúan sobre los recientes y pasados asesinatos de periodistas, destacó el relator especial para la libertad de expresión de esa comisión, Eduardo Bertoni.

Indicó que aun cuando ese organismo "ha valorado las expresiones públicas" del presidente Vicente Fox en cuanto a la necesidad de que esos crímenes se esclarezcan, el Estado mexicano tiene que "redoblar esfuerzos" para que los asesinatos y actos de represión a periodistas sean desterrados.

"Los gobiernos locales y federal tienen que generar un ambiente adecuado para que los periodistas puedan ejercer su labor sin temor a represalias, sin temor a tener consecuencias", subrayó.

Entrevistado luego de dictar una conferencia en el Encuentro por un periodismo de calidad: ética y profesionalización en México, en la Universidad Iberoamericana, Bertoni declinó comentar si en la gestión de Fox se ha incrementado el número de violaciones a los derechos humanos y de crímenes contra informadores, porque no es posible "generalizar".

Los recientes asesinatos de periodistas (Raúl Gibb Guerrero, de La Opinión de Poza Rica; Dolores Guadalupe García Escamilla, de Radio Stereo 91 de Nuevo Laredo, y Alfredo Jiménez Mota, de El Imparcial de Sonora), "han ocurrido en la frontera norte y en el país, y están relacionados con investigaciones que realizaban sobre narcotráfico y corrupción. Esto es preocupante". Para que estos hechos ya no ocurran, insistió, tanto el gobierno federal como los locales tienen una "responsabilidad en generar espacios de prevención y, cuando lamentablemente estos sucesos ocurran, una función principal del Estado es investigar".

Al plantearle que en medios de comunicación fronterizos algunos informadores han optado por mantenerse al margen de investigaciones relacionadas con el narcotráfico por temor, comentó que "es muy grave cuando se instala un clima de impunidad y florece la autocensura, porque ésta puede dañar significativamente la democracia no sólo en México, sino también en el mundo".

Del informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que en junio pasado informó que al menos 15 comunicadores han sido asesinados en estos cinco años en el país, manifestó que "las estadísticas son diversas porque dependen de varias organizaciones".

Agregó, sin embargo, que esa comisión de la OEA ha permanecido atenta a cuanto ocurre en la materia en el país. "Hemos manifestado muchas veces nuestra preocupación por la cantidad de periodistas no sólo asesinados, sino también por las agresiones que se viven en muchas regiones de México.

"En nuestro informe de 2004 reportamos esos asesinatos y agresiones. En lo que va del año también hemos formulado expresiones públicas condenando estos hechos e instando al Estado a que se prevengan y se investiguen", insistió.

Pese a ello, admitió que los avances en cuanto al esclarecimiento de los crímenes no han tenido avances significativos, en virtud de que en algunos casos de asesinatos de informadores se ha llegado a identificar a los autores materiales, pero no a los intelectuales.

En su conferencia, planteó que el subsidio del Estado a los medios de comunicación es una decisión que tienen que adoptar los gobiernos. El problema, manifestó, es si el medio financiado termina siendo una herramienta de los gobiernos en turno.

De la publicidad de las campañas electorales y el financiamiento a los partidos políticos, consideró que ésta es una "agenda pendiente" de discusión en América Latina, colateralmente vinculada con el ejercicio de la libertad de expresión.

 
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