El Ejecutivo pretende que Presidencia ratifique a los magistrados, señala
Plantea el PRI nueva controversia por el reglamento del tribunal fiscal
Atenta contra la autonomía del TFJFA y la Constitución, sostiene la senadora Tamayo
Al parecer, la decisión de Fox busca crear nombramientos al gusto del Presidente, dice
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) planteó ayer en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la necesidad de entablar una nueva controversia constitucional contra el presidente Vicente Fox, en razón de que el jefe del Ejecutivo federal invadió otra vez las facultades del Poder Legislativo al reformar el Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) para que el nombramiento de los magistrados de ese órgano quede en manos de la Consejería Jurídica de la Presidencia, que encabeza el panista Juan de Dios Castro.
En tribuna, la senadora Martha Tamayo dijo que esa decisión atenta contra la autonomía del TFJFA y hace pensar que la intención es colocar en el tribunal a magistrados al gusto del Ejecutivo, que le garanticen la aplicación de criterios exclusivamente recaudatorios. "Hipótesis que se vuelve tentadora" cuando se avecina el fin del sexenio y seguramente habrá funcionarios de la Secretaría de Hacienda que se quieran "sacrificar".
El nuevo reglamento, publicado el pasado día 9 en el Diario Oficial de la Federación, prevé someter a exámenes a magistrados hasta con 30 años de antigüedad y otras cuestiones que van más allá de lo establecido en la Ley Orgánica del TFJFA.
"Este reglamento pretende arrebatarle al pleno del tribunal la facultad de proponer al Presidente de la República la designación o ratificación de magistrados, previa evaluación interna, función que le corresponde de acuerdo con el artículo 16, fracción I bis, de su ley orgánica", advirtió la senadora priísta.
De acuerdo con el nuevo reglamento modificado por Fox -artículo 4-, en adelante será la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República la que habrá de integrar los expedientes para el nombramiento y ratificación de los magistrados de ese tribunal fiscal, "como si éstos fueran unos empleados más del Ejecutivo".
El TFJFA sólo comunicará a la consejería la existencia de plazas, con el propósito de que el organismo que preside Juan de Dios Castro integre el expediente de cada uno de los candidatos. El artículo 11 señala, inclusive, alertó Tamayo, que las propuestas del tribunal sobre la ratificación "únicamente se referirán al nombre del magistrado próximo a cumplir el encargo, sin acompañar mayor información".
Es decir, recalcó, "el tribunal no tendrá ya voz ni voto para opinar acerca del nombramiento y ratificación de sus magistrados, lo que contradice la letra de la ley orgánica y la Constitución", donde se señala la plena autonomía del TFJFA para dictar sus fallos.
En ese reglamento "por enésima vez el Ejecutivo excede sus facultades reglamentarias y pretende determinar con una regulación secundaria disposiciones que corresponden a la ley orgánica, "que sólo pueden llevarse a cabo por el Poder Legislativo".
Nuevamente se requiere, insistió, que el Congreso "salga en defensa del principio de división de poderes, de la constitucionalidad de sus determinaciones, que no pueden verse coartadas por el Ejecutivo, y también en defensa de un tribunal que mucho ha costado al pueblo de México y debe preservarse".
Tamayo propuso que el pleno autorizara a la Comisión Permanente a interponer la controversia constitucional para combatir la inconstitucionalidad del reglamento aludido, pero el PAN votó en contra de que se discutiera ayer la propuesta.
El presidente en funciones de la mesa directiva de la Comisión Permanente, César Jáuregui, turnó la propuesta a ese órgano, donde se analizará.
El PRI está dispuesto a insistir en el tema, porque considera que el nombramiento de jueces y magistrados no puede convertirse en botín político del Presidente con la finalidad de dejar "colocados" a sus amigos antes del fin de sexenio.