Usted está aquí: jueves 25 de agosto de 2005 Política Ninguno de los ministros se beneficia

Explica la SCJN

Ninguno de los ministros se beneficia

JESUS ARANDA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) maneja de forma ''transparente y totalmente apegada a derecho'' los siete fideicomisos que opera en la actualidad -son siete y no 11; los otros cuatro pertenecen a diferentes órganos del Poder Judicial-, e incluso en la revisión de cuentas que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió 36 observaciones, de las cuales 13 ya fueron solventadas y 23 están en estudio.

Afirmó lo anterior Samuel Jiménez Calderón, secretario ejecutivo de Administración de la Corte, quien agregó que la aportación inicial para formar los fideicomisos fueron ''economías'' que ahorró el Poder Judicial federal hasta 1998, cuando la Secretaría de Hacienda todavía le permitía retener el dinero que no ejercía.

Actualmente, dijo, los siete fideicomisos suman 3 mil 361 millones 500 mil pesos. Sostuvo que ninguno de los ministros obtiene beneficio alguno de estos instrumentos, algunos de los cuales son operados de manera conjunta por la Suprema Corte y por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ya que éstos se destinan al pago de pensiones complementarias a que tienen derecho los mandos altos y medios -no los ministros-, además de que apoyan los gastos médicos mayores de quienes perciben menos de 20 mil pesos mensuales.

También comentó que otros recursos se destinan a la creación, remodelación e instalación de nuevos órganos jurisdiccionales a nivel nacional, y para la difusión de sentencias y resoluciones importantes de juzgados, tribunales y de la Suprema Corte.

Explicó que todos los ministros tienen acceso a la información de los fideicomisos e interrogado sobre la inconformidad de dos ministros a Mariano Azuela por la forma en que son operados esos instrumentos financieros, comentó que no podía opinar al respecto, porque no tiene acceso a los plenos privados.

Más adelante detalló la situación de los fideicomisos que fueron creados un año antes de que la Secretaría de Hacienda le prohibiera a la Corte quedarse con las ''economías''.

El fideicomiso 4657, del 3 de abril de 1996, fue destinado al pago de pensiones complementarias para magistrados, jueces y mandos superiores de la Corte; inició con una aportación de 10 millones de pesos con recursos obtenidos de las ''economías'' logradas hasta 1998, recursos presupuestales programados, ingresos extraordinarios e intereses generados.

Explicó que actualmente suma mil 889 millones de pesos y los beneficiarios no aportan un peso para su apoyo, sino todo parte de recursos federales. Además, los funcionarios perciben la pensión del ISSSTE a que tienen derecho.

En la misma situación se encuentra el fideicomiso 11495-2, que inició el 13 de agosto de 1998 con 200 millones de pesos y que tiene un saldo actual de 464 millones 200 mil pesos para las pensiones complementarias de mandos medios y operativos de la Suprema Corte, quienes además de no aportar recursos reciben su pensión del ISSSTE.

El fideicomiso 14210, del 29 de agosto de 1997, fue destinado a apoyo para las prestaciones médicas complementarias y respaldo económico extraordinario a trabajadores de la Suprema Corte; fue abierto con 2 millones de pesos y actualmente suma 40.5 millones; los beneficiarios son los trabajadores de ese tribunal que ganan menos de 20 mil pesos mensuales.

Además está el fideicomiso 14212-1, que inició con 18 mil pesos en octubre de 1997, con el fin de distribuir y vender el Semanario Judicial, y que actualmente cuenta con 147 millones 700 mil pesos.

Fideicomiso 14211, para la comercialización de CD Rom con jurisprudencias y tesis aisladas, formado el 6 de octubre de 1997 con un capital inicial de un millón de pesos y que suma ahora 101 millones.

Por otra parte, el 27 y 28 de diciembre de 1999, la Corte creó los fideicomisos 14348 y 14817, con ''remanentes del Presupuesto de Egresos 1998 y anteriores, y recursos presupuestales programados, además de ampliaciones presupuestales'', para la adquisición, reparación, arrendamientos, reconstrucción, conservación y remodelación de inmuebles, particularmente de juzgados y tribunales. En este caso, inició el primero con 926 millones 200 mil pesos y le quedan 643.7 millones, mientras que el segundo contó con capital inicial de 699 millones 100 mil pesos y cuenta ahora con 73.6 millones.

El funcionario del Poder Judicial explicó que ningún fideicomiso se utiliza para el pago de las millonarias pensiones de los más de 40 ministros jubilados, quienes reciben 80 por ciento del sueldo de sus compañeros en activo -más de 120 mil pesos mensuales, además de otras ayudas-, porque eso ya está contemplado en el presupuesto del Poder Judicial de la Federación.

Aunque cabe mencionar que, efectivamente, dichas pensiones se pagan con recursos presupuestales del Poder Judicial de la Federación, pero ello gracias a que en 1993 el pleno votó en favor de homologar las pensiones de quienes se habían separado de sus cargos antes de la reforma constitucional de 1994. Son 18 funcionarios en total. El único ministro que votó en contra fue Genaro David Góngora Pimentel, quien consideró que la mayoría había actuado ilegalmente al aprobar el monto de las pensiones de los ministros jubilados que no fueron cesados en 1994, porque en los hechos habían ''legislado'' a través de un acuerdo general, cuando es facultad exclusiva de los legisladores hacerlo.

 
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