Usted está aquí: martes 12 de julio de 2005 Sociedad y Justicia Concentran cinco estados 30% de la desigualdad social en el país, revela estudio

Veracruz, Chiapas, Guerrero, Puebla y Oaxaca, donde hay más afectados

Concentran cinco estados 30% de la desigualdad social en el país, revela estudio

La delegación Benito Juárez tiene el nivel de Italia, y un municipio guerrense, el de Malawi

ALMA E. MUÑOZ

En México cinco estados concentran 30 por ciento de la desigualdad social, a nivel nacional, según el informe del índice de desarrollo humano que hoy se presentará al presidente de la República, Vicente Fox Quesada. El estudio, elaborado por especialistas en materia de pobreza, en coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), establece, con base en datos de 2004, que a nivel municipal el impacto en la materia se profundiza, especialmente en la región sur-sureste del país por la falta de decesiones políticas que fortalezcan la rendición de cuentas y la aplicación de servicios públicos.

A diferencia de los dos estudios anteriores, en esta ocasión se incluyó en el análisis el indicador de violencia e inseguridad, lo cual arroja que los pobres, por estas dos causas, se ven más afectados y tienden a sufrir retroceso cuando son víctimas de alguna de ellas. Los estados con más rezago en desarrollo humano son Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Puebla. Y se subraya en el informe que la delegación Benito Juárez, en el Distrito Federal, tiene un nivel de desarrollo similar al de Italia, mientras el municipio más atrasado, Metlatónoc, en Guerrero, lo tiene al de Malawi, Africa.

Durante un encuentro con reporteros, Thierry Lemaresquier, representante residente del PNUD en México, apuntó que este país muestra un índice alto de desarrollo humano, pero a nivel estatal baja, y se acentúa su caída cuando se desagrega por municipios, porque se muestra más desigualdad en salud y educación, especialmente cuando se mide por ingreso per cápita.

Consideró que esta nación no necesita de grandes reformas estructurales para fortalecer el desarrollo humano, porque la estructura de los poderes estatales y municipales es suficiente para impulsarlo. Pero sobre todo, añadió, se requiere trabajar en materia de seguridad pública y justicia porque esto impide mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.

Según el balance ayer presentado, si se incluyen estos indicadores, entidades como el Distrito Federal, que ocupa el primer lugar en atención a salud, educación e ingreso, pasaría al noveno, y su sitio lo obtendría Aguascalientes, pero los casos de Baja California y Baja California Sur se agudizarían más, porque caerían 25 y 26 puestos en la lista.

Rodolfo de la Torre, investigador de la Universidad Iberoamericana, adelantó que en conjunto todos los estados registran avances en cuanto a la expansión de oportunidades para sus pobladores, aunque hay algunos que sufren retrocesos cuando se aborda el componente de ingresos, y esto hace que algunos municipios presenten condiciones similares a las de territorios de Palestina, lo cual los convierte en sujetos pasivos de las políticas públicas.

Insistió en que cuando se analiza el mercado laboral se presenta una polarización entre ayuntamientos, pues en términos de empleo y salarios en el norte del país funcionan de manera ágil y flexible, mientras en el sur ocurre lo contrario.

A su vez, Luis Felipe López Calva, del Instituto Tecnológico de Monterrey, precisó que el atraso en municipios responde a la falta de capacidad administrativa y de recursos federales. "Nuestra hipótesis", subrayó, "es que reforzar las prácticas políticas redundaría en mejor calidad de servicios públicos y rendición de cuentas. "Una acción importante para ello sería la relección", planteó.

El académico aseguró que la enorme desigualdad que se observa a nivel intramunicipal se refuerza cuando se incluyen los componentes de seguridad pública y justicia, sobre todo porque resalta la vulnerabilidad en que se encuentran las personas con menos recursos cuando son víctimas de un delito. En su mayoría, apuntó, deben aceptar una "defensoría de mala calidad", lo cual merma la equidad de la justicia.

"Los individuos en las áreas con menos recursos están más expuestos a la inseguridad y proporcionalmente son los más afectados. El robo promedio es de mil pesos, lo cual a una persona de escasos recursos en una zona rural la hace más pobre, más vulnerable, y tarda en recuperarse alrededor de un mes", indicó De la Torre.

 
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