Se hicieron en comodato a 90 años bajo la dictadura pinochetista, denuncia diputado
Detectan más de 700 irregularidades en privatización de empresas en Chile
El daño patrimonial ascendería a 2 mil 209 mdd, afirma el legislador Carlos Montes
Santiago, 30 de junio. Durante las privatizaciones de empresas públicas en la época de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90) se cometieron irregularidades en al menos 745 procesos, señaló el diputado chileno Carlos Montes, quien preside un comité que investiga esos casos desde agosto del año pasado.
El legislador socialista indicó que el número de 745 privatizaciones irregulares es muy superior a las 32 empresas en torno a las que inicialmente se hacían cuestionamientos, cuyo daño patrimonial para el Estado podría elevarse ahora a unos 2 mil 209 millones de dólares.
Explicó que en las políticas aplicadas sobre las empresas públicas que pasaron a manos privadas "hay total oscuridad", y que las pesquisas a la fecha incluyen transferencias de terrenos del Estado, o expendios de gasolina en Santiago, que se hicieron en comodatos a 90 años y bajo control de militares.
Si bien indicó que los informes que se han recopilado con dificultades no servirán para abrir procesos judiciales, ya que los eventuales delitos prácticamente han prescrito, añadió que en todo caso servirán para cuestionar el proceso de privatizaciones que impulso en su momento la dictadura.
La comisión comenzó su trabajo con documentos recopilados por un subcomité legislativo, que entre 1991 y 1993 investigó las primeras denuncias sobre posibles irregularidades. Sin embargo, entonces no se lograron avances ante las limitaciones al acceso de información, debido al periodo de la transición entre la dictadura y la democracia.
Incluso en la actualidad, apuntó el diputado Carlos Montes, sus colegas de la oposición de derecha, que forman parte de la misma comisión, "escasamente han asistido" a las reuniones. A su vez, los empresarios que asumieron el control de las entidades privatizadas se "han excusado", pues finalmente no están obligados a comparecer.
No obstante, las investigaciones en marcha han incidido en roces entre la derecha y el gobierno de Ricardo Lagos. Apenas esta semana el mandatario comentó que durante la dictadura militar se cometió un "robo de las empresas públicas".
De esa manera Lagos respondió a denuncias de legisladores de la derecha que han querido implicar a su gobierno en irregularidades parecidas, al acusarlo de falta de ética por la adjudicación de contratos por parte del Ministerio de Obras Públicas a allegados del presidente, entre ellos un cuñado y un amigo.
"No ha habido ningún robo, salvo el robo de las empresas públicas que ahora son privadas", dijo Lagos al negar que sus allegados hayan cometido alguna irregularidad, y señalar que están en condiciones de asesorar a entidades del Estado como cualquier otro empresario.
Por otra parte, la izquierda extraparlamentaria denunció que su candidato presidencial, Tomás Hirsch, es víctima de persecución policiaca.