El silencio de autoridades es muy sospechoso, afirma
Ofensivos argumentos del banco, considera la directora del Cencos
Defensores de derechos humanos calificaron de "ofensivos" los argumentos del banco BBVA-Bancomer para cancelar cuentas bancarias de la organización Enlace Civil, cuya tarea es apoyar el desarrollo de proyectos productivos en los Altos de Chiapas, situación que resulta "muy grave" si se considera que el trabajo de diversos organismos civiles "también impulsa la estabilidad política y social de la región".
Eréndira Cruzvillegas, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), indicó que es "preocupante" la actitud "defensiva" asumida por la institución bancaria, sin que se esclarezca cuáles son las verdaderas causas que impulsan acciones "arbitrarias e ilegales" sin ningún sustento.
Aseguró que este no es el primer acto "represivo" de la institución financiera contra la labor realizada por voluntarios civiles en favor de las comunidades indígenas, a lo que se suman las "agresiones al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que en abril pasado sufrió el saqueo electrónico de sus cuentas bancarias".
Es claro, afirmó, que existe responsabilidad del Estado para investigar y, en su caso, sancionar conductas ilícitas o irregulares cometidas contra el esfuerzo de organizaciones civiles en los distintos campos de la vida social, política y cultural del país, pues no se puede permitir que un banco pretenda "criminalizar" la labor humanitaria y civil.
La defensora destacó que es "urgente" exigir a las autoridades federales crear la reglamentación necesaria para proteger y facilitar el esfuerzo de la sociedad civil en los distintos campos donde existen organizaciones civiles legalmente constituidas, con un "ejercicio transparente de los recursos recibidos y con programas que alientan el beneficio de comunidades, individuos o sectores sociales".
Señaló que como defensores de derechos humanos "las organizaciones civiles que hemos laborado en favor del respeto de estos derechos, realizaremos un análisis a fondo de estos hechos, porque no podemos tolerar que visiones erradas desprestigien una labor de años y puedan ocasionar mayor inestabilidad en regiones que enfrentan situaciones de riesgo y vulnerabilidad".
Enfatizó que es muy "sospechoso" el silencio de las autoridades estatales y federales, cuando su obligación es "velar porque existan condiciones y garantías para que las organizaciones no gubernamentales realicen su trabajo, y no favorecer un proceso a la inversa, sin que se pida un esclarecimiento de estas arbitrariedades".