La utilización de recursos públicos para la edición de un libro, el motivo
Presentará el PRD hoy ante la PGR demanda penal contra Luis Pazos
El panista violó el artículo 8 de la ley de servidores públicos, aducen los diputados
La bancada del PRD en la Cámara de Diputados presentará hoy ante la Procuraduría General de la República (PGR) una demanda penal en contra del director de Banobras, Luis Alberto Pazos de la Torre, por el uso de recursos públicos para contratar con editorial Diana la publicación de 2 mil 50 ejemplares del libro Los jardines secretos de Dios, del cual es autor. Los legisladores perredistas también han señalado al ex diputado panista como responsable del desvío de 30 millones de pesos al Comité Nacional Provida.
La demanda será acompañada con una copia del contrato firmado entre funcionarios de Banobras y la editorial Diana, donde se establecen las condiciones para la edición del libro, que Pazos firmó con el seudónimo Alberto de la Torre, en el cual se incluyen fotografías a color en papel couché tomadas por el funcionario "durante sus expediciones submarinas en arrecifes de México, Panamá, Honduras y las Antillas Holandesas".
Asimismo, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tratará el tema de la entrega de recursos a Provida este martes, durante su reunión semanal para analizar el informe de la cuenta pública 2003, donde los auditores confirmarán el inicio de un proceso penal contra el presidente de esa organización, Jorge Serrano Limón, por el desvío de recursos públicos para fines personales.
El presidente de la comisión, Salvador Sánchez Vázquez, dijo que además de la probable responsabilidad de Luis Pazos en la entrega de los 30 millones de pesos a Provida, cuando éste era presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara, también debe revisarse si el secretario de Salud, Julio Frenk Mora, autorizó la donación de esos recursos, que debieron destinarse a la atención de enfermos con VIH sida, y si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también avaló la transferencia.
La demanda del PRD, que será presentada esta mañana por un grupo de legisladores, encabezados por Malú Micher Camarena, incluye copia de la orden de servicio 132/2004, del 15 de junio de 2004, firmada por la subdirectora de comunicación social de Banobras, María de Jesús Lozano González; la gerente de adquisiciones del banco, Silvia P. Urueta Incháustegui, y el apoderado legal y presidente del consejo de administración de Diana, José Luis Ramírez Cota, en la cual se establecen las condiciones del contrato para la edición del libro.
El documento, que obtuvo Micher a través de una solicitud al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), establece que el costo total de los servicios del contrato es por 169 mil 125 pesos, "toda vez que el costo unitario por libro es la cantidad de 82.50 pesos".
En las cláusulas E y F se pretendió justificar que se utilizara el presupuesto de Banobras para un trabajo personal de Luis Pazos, quien además forma parte del consejo de administración de la editorial, y se cargó toda la responsabilidad de la operación a la funcionaria de comunicación social:
"Banobras no podrá comercializar 'la obra' objeto de esta orden de servicio, en virtud de que el autor autoriza a 'la editorial' a realizar esta coedición con Banobras sin recibir regalías.
"La idoneidad de 'la editorial', la razonabilidad del monto de la contraprestación que Banobras cubrirá a 'la editorial', así como la correcta ejecución de los servicios, materia de este contrato quedan bajo la exclusiva responsabilidad de la subdirección de Comunicación Social de Banobras".
En la demanda, los perredistas refieren que Luis Pazos reconoció en diversas entrevistas que el libro es de su autoría, aunque utilizó retazos de su nombre para construir el seudónimo, y que fue él quien directamente tomó la decisión de que Banobras comprara la edición, con el argumento de que antes la dependencia gastaba casi un millón de pesos en la compra de libros para regalar a empleados y clientes.
La querella sostiene que Pazos violó el artículo 8 la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que prohíbe a los funcionarios públicos participar en negocios en los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, así como para socios o sociedades de las que forme o haya formado parte.
Aunque Pazos argumentó que no cobró regalías, "se dio provecho indirecto, ya que la empresa (Diana) sí obtiene un beneficio" tipificado en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Se solicitará a la PGR que en la integración de la averiguación previa se requiera a la ASF el resultado de la auditoría iniciada por acuerdo de la Cámara de Diputados el 17 de febrero pasado, y al IFAI la copia del contrato.