El ámbito agropecuario de nuevo se queda sin un gasto digno, expresa Miguel Luna
Diputados del sector rural reprueban validación del veto
Integrantes de las comisiones unidas del sector agropecuario de la Cámara de Diputados y de los congresos locales rechazaron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que valida el veto presidencial para el presupuesto de 2005, que afecta 17 rubros destinados al campo y al sector social, e incluso se retiran totalmente los recursos destinados a proyectos de infraestructura básica dirigidos a los pueblos indígenas.
Miguel Luna Hernández, presidente de la comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, comentó que las partidas autorizadas para el desarrollo agropecuario, salud, educación y obras de infraestructura social, como agua potable, son afectadas con el veto presidencial. El sector rural nuevamente se queda sin un presupuesto digno, aseveró.
Al concluir la reunión entre legisladores federales y de congresos locales, ambos acordaron iniciar trabajos para integrar la Conferencia Mexicana de Legisladores del Sector Rural (Comelser). Una de las primeras actividades será colaborar en la consulta para integrar el presupuesto a nivel de municipio, comunidad, producto y organización con el fin de identificar las acciones prioritarias y establezcan los programas para el próximo año.
La propuesta de coordinación con los congresos estatales ya había sido discutida entre los integrantes de las comisiones unidas del sector rural, por ello Luna Hernández confió en que la mayoría se sume al llamado al Ejecutivo federal para que convoque a una renegociación del presupuesto para evitar que la Cámara de Diputados, con los mismos criterios que usó la SCJN, imponga el presupuesto a la Presidencia de la República mediante la votación de las dos terceras partes de los diputados federales.
Los diputados del sector rural del Palacio Legislativo de San Lázaro y de los congresos locales, abundó Luna Hernández, se están reuniendo para lograr que a partir de 2006 el presupuesto para el sector sea multianual y su elaboración se apegue a la ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Un análisis realizado por el área técnica de la Comisión de Desarrollo Rural al presupuesto de este año indica que el veto presidencial afectará, entre otros, los siguientes rubros: fondo de tierras para desplazados internos de Chiapas; seguridad social de jornaleros agrícolas; construcción y ampliación de carreteras y caminos; subsidios para obras y servicios en los estados y municipios; áreas naturales protegidas; programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable; universidades públicas; obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento; programas de jornaleros agrícolas, trabajadores agrícolas migrantes temporaleros; fondo para el desarrollo de regiones marginadas; fondos regionales de combate a la pobreza; apoyo a los migrantes en extrema pobreza que desean regresar al país; los dos convenios que para el sector azucarero tiene la Sagarpa; seguridad social de los cañeros; programa especial concurrente; seguro agrícola, cultivos no considerados en Procampo; Financiera Rural y el Fondo de Capacitación e Inversión del Sector Rural.