El caso López Obrador evidenció lagunas legales en torno a presunción de inocencia
Analiza el Senado iniciativas para preservar derechos de procesados
La Cámara de Senadores pretende solventar los vacíos legales que quedaron al descubierto durante el conflicto por el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, por lo cual ya se han presentado varias iniciativas de ley cuyo propósito es evitar que un ciudadano pierda sus derechos políticos por estar sometido a proceso penal.
En marzo pasado, el PRD presentó una iniciativa para reformar el artículo 38 constitucional, con la finalidad de establecer en la Carta Magna que un ciudadano sólo puede ser inhabilitado al momento de ser encontrado culpable y ser sentenciado.
El presidente Vicente Fox anunció, el pasado miércoles 27, que enviaría al Congreso una iniciativa en ese sentido, que aún no llega a los legisladores. La propuesta del PRD ya está en comisiones y, según manifestó el senador Jesús Ortega, confía en que haya consenso para aprobarla en el próximo periodo de sesiones.
"La intención de la iniciativa es impedir que se repita la experiencia del caso de López Obrador, quien en caso de ser sometido a proceso penal habría perdido su derecho a contender por la Presidencia de la República, sin importar que al final fuera declarado inocente", comentó.
La fracción segunda del artículo 38 constitucional establece que se priva de sus derechos fundamentales al ciudadano que sea sometido a proceso judicial, "con razón o sin ella, con justicia o sin ella". En ese sentido, no es necesario que un mexicano sea culpable de infringir la ley para suspender los derechos políticos de que debe gozar, "como presupuesto esencial de la democracia representativa y deliberativa", agregó Ortega.
El artículo 38 establece que "los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde el auto de formal prisión".
La iniciativa perredista propone establecer que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden "por haber sido condenados por delito que merezca pena privativa de libertad, durante el tiempo de compurgación de la condena".
Por su parte, el diputado de Convergencia Jesús Martínez presentó un día antes en la Comisión Permanente una iniciativa para reformar el artículo 111 de la Constitución, con el propósito de precisar que un ciudadano pierde sus derechos y prerrogativas políticas al estar sujeto a proceso penal y desde el momento mismo en que se dicta auto de formal prisión.
Asimismo, en la sesión del pasado miércoles de la Comisión Permanente el diputado Iván García Solís, del PRD, presentó otra iniciativa para otorgar independencia y autonomía a la Procuraduría General de la República (PGR), con la finalidad de que el Ministerio Público Federal deje de ser un organismo sujeto a la voluntad del gobernante en turno.
En la exposición de motivos se precisa que "a lo largo de la historia posrevolucionaria la función persecutoria de delitos se ha utilizado como instrumento de conservación del poder". De ello son muestra, dijo, la represión a las luchas de ferrocarrileros y otros gremios, y la matanza estudiantil de 1968.
"El llamado gobierno del cambio cayó también en la tentación autoritaria, al ser generoso en los casos Amigos de Fox, Lotería Nacional y el del gobernador de Morelos (Sergio Estrada Cajigal) y, al mismo tiempo, dedicarse a perseguir adversarios políticos."
De ahí que, señaló García Solís, sea indispensable "quitar de la esfera del Ejecutivo la tentación autoritaria de manipular la justicia".
La reforma va encaminada a que el nombramiento del titular de la PGR lo haga el Congreso en sesiones sucesivas de las cámaras de Diputados y Senadores, con votación calificada y a propuesta de las universidades públicas y privadas, así como de los colegios y barras de abogados.