La comparecencia será por el delito que le resulte, aduce
Cita el MP a periodista por cubrir un conflicto entre ejidatarios y empresa
Monterrey, NL, 4 de mayo. El periodista Raúl Rubio Cano fue citado por el Ministerio Público para declarar como testigo por la demanda que interpuso la empresa Residuos Industriales Multiquim (Rimsa) en contra de ejidatarios, a quienes acusa de secuestro y privación ilegal de la libertad, debido a que el reportero cubrió el "cierre simbólico" de las instalaciones de esa compañía, ubicada en el municipio de Mina. De acuerdo con el citatorio girado por la agente Velia Beatriz Martínez Pérez, la declaración de Rubio Cano "es sumamente necesaria" para integrar debidamente la averiguación previa.
El comunicador consideró "extraño", que en el mismo documento la fiscal advierte que el citatorio es "por el delito que le resulte", y amenaza con aplicarle una multa de 505.32 pesos en caso de no presentarse.
Por tal motivo, demandó la intervención del gobernador, José Natividad González Parás, y del procurador de Justicia, Luis Carlos Treviño Berchelmann, para que detengan este tipo de hostigamientos, pues consideró el hecho como un intento de amedrentarlo debido a la cobertura que ha dado al reclamo que desde hace cinco años han presentado campesinos de varios ejidos del municipio de Mina, cuyas tierras se ubican aledañas al confinamiento industrial.
Los campesinos dicen haber sido despojados por directivos de Rimsa, ante lo cual promovieron diversas demandas ante tribunales agrarios y del fuero común, además de pedir la intervención de las autoridades ambientales, por los daños ocasionados en sus tierras, pozos de agua y la muerte de ganado, a causa de la contaminación ambiental por los residuos peligrosos que maneja la empresa.
En tanto, la abogada Ligia Ramírez, representante de los campesinos de Mina, expuso que resulta claro que el citatorio al reportero es una represalia de los abogados de Rimsa por la cobertura que ha dado al conflicto.
Aunque la denuncia fue presentada en 2002, la querella es reactivada debido a que un juez de distrito acaba de conceder un amparo a los campesinos, obligando a Rimsa a devolver 280 hectáreas de las que se había apropiado, por conducto de sus anteriores dueños Héctor Vargas Garza y Héctor Vargas Aguirre, que vendieron las instalaciones a la francesa Vivendi, dijo Ligia Ramírez.
Asesinatos
Mientras, en Colima, Luis Raúl González Pérez, director general de la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señaló que la comisión investiga "de oficio" los asesinatos de Raúl Giba, director del periódico La opinión, de Veracruz, y Guadalupe García, periodista de radio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como la desaparición de Alfredo Jiménez, del diario El imparcial, de Hermosillo, Sonora, pero que hasta la fecha no ha emitido ninguna recomendación "porque en los hechos no tenemos identificada una autoridad participante, pero si vemos que se detienen las investigaciones, haremos el pronunciamiento correspondiente".